Un tribunal internacional ordenó al Estado ecuatoriano pagar USD 220 millones a Chevron, una cifra mucho menor a la solicitada por la petrolera.
Un nuevo capítulo en un conflicto de más de una década
Según información publicada por el diario ecuatoriano Primicias, la controversia entre Chevron y el Estado de Ecuador sumó un nuevo episodio luego de que un Tribunal Arbitral administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya resolviera que el país debe pagar USD 220 millones a la empresa estadounidense. La decisión, difundida el 9 de diciembre de 2025, responde a un proceso arbitral iniciado por la compañía tras años de disputas legales.
La reacción de Chevron y el alcance del fallo
En un comunicado oficial, la petrolera sostuvo que la sentencia respalda su posición en torno a lo que califica como fraude judicial, soborno y corrupción ocurridos durante un gobierno ecuatoriano anterior. La compañía aseguró que el fallo contribuye a fortalecer el Estado de derecho a nivel global y expresó que le complace la resolución del caso. La condena implica un pago considerablemente menor al monto exigido inicialmente por Chevron, que ascendía a USD 3 350 millones. La Procuraduría General de Ecuador confirmó que el fallo se conoció el 8 de diciembre, tras un proceso arbitral que se extendió por varios años.
El reclamo original y el monto final definido por el tribunal
Chevron detalló que los USD 220 millones corresponden a los costos en los que la empresa incurrió para evitar la ejecución de una sentencia previa que la obligaba a pagar USD 9 500 millones por daños ambientales. En septiembre pasado, el presidente Daniel Noboa había señalado que Ecuador habría perdido USD 800 millones en este proceso, aunque la cifra final resultó significativamente menor. La decisión del tribunal reduce la responsabilidad financiera del Estado, aunque mantiene abierta la discusión sobre los efectos diplomáticos y económicos del caso.
Lectura de fondo
La pugna entre Chevron y Ecuador continúa siendo una de las disputas internacionales más relevantes en la región, con implicancias sobre seguridad jurídica, arbitraje internacional y políticas ambientales. El nuevo fallo vuelve a situar el tema en el centro del debate económico y político ecuatoriano, en un contexto donde la presión fiscal y la relación con inversionistas internacionales son temas prioritarios.
