La autorización de una corte de Nueva York para acceder a datos financieros de la concesión desató una respuesta inmediata de Brookfield, que cuestiona la postura de la Municipalidad de Lima.
Acceso sin precedentes a información financiera en Estados Unidos
La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York autorizó al Estado peruano a solicitar información financiera vinculada al origen y financiamiento de la concesión Rutas de Lima. El municipio señala que se trata de una de las autorizaciones de discovery más amplias otorgadas en Estados Unidos en un caso relacionado con presunta corrupción en una concesión pública.
La orden permitirá solicitar registros bancarios y de compensación de instituciones como Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, diversos bancos internacionales, el sistema CHIPS, que es la principal red de compensación interbancaria de Estados Unidos, y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Con esta información se busca reconstruir el flujo de fondos entre 2013 y 2016, periodo en el que Odebrecht operaba su sistema de pagos ilícitos y cuando Brookfield adquirió la participación mayoritaria en Rutas de Lima.
Alcances del discovery y relevancia para el caso peruano
La Municipalidad de Lima afirma que ninguna institución peruana había accedido antes a información de este nivel dentro del sistema bancario estadounidense en un proceso anticorrupción. El acceso permitiría verificar de manera independiente si existieron pagos indebidos, transferencias sospechosas o movimientos irregulares relacionados con la concesión o con su posterior transferencia a Brookfield.
El municipio también indicó que la corte consideró la urgencia generada por el juicio a la exalcaldesa Susana Villarán en el Perú y reconoció el interés público en acceder a información bancaria clave.
Brookfield rechaza las acusaciones y responde a la Municipalidad
Tras la publicación del anuncio municipal, Brookfield emitió un comunicado en el que cuestiona la narrativa de la MML. Sostiene que la orden de la corte es únicamente procedimental, una medida habitual en el sistema judicial de Estados Unidos, y que no constituye un fallo ni un comentario sobre temas de fondo.
La empresa señala que tribunales arbitrales internacionales ya han determinado que adquirió su participación en Rutas de Lima de buena fe. También acusa a la Municipalidad de emplear estrategias para dilatar procesos, confundir a la opinión pública y evitar los pagos correspondientes a la concesión.
Brookfield afirmó que autoridades peruanas revisaron previamente los libros de Rutas de Lima sin hallar evidencia que sustente las acusaciones. Agregó que ha colaborado con las investigaciones locales y que los documentos solicitados ya se encontrarían en poder de la Fiscalía. Finalmente, expresó preocupación por lo que considera falta de respeto a la inversión internacional y anunció que ha reevaluado su estrategia, suspendiendo futuras inversiones en el país.
Implicancias económicas y señal al mercado
El cruce entre la Municipalidad y Brookfield ocurre en un contexto en el que el Perú intenta recuperar la confianza de inversionistas en proyectos de infraestructura. Mientras el acceso a la información bancaria estadounidense puede representar un avance en la búsqueda de claridad, la respuesta del fondo internacional introduce nuevas alertas sobre estabilidad regulatoria y seguridad jurídica.
El desenlace de este caso será determinante para futuras concesiones, para el atractivo del mercado peruano y para la cooperación con entidades internacionales en investigaciones financieras.
