El gobierno de Lula da Silva defiende el megaproyecto de Petrobras como clave para la “soberanía energética” del país, mientras ambientalistas denuncian una contradicción frente a los compromisos climáticos asumidos.
El Gobierno de Brasil confirmó un nuevo paso en su estrategia energética al autorizar la perforación de un pozo exploratorio en el margen ecuatorial del Atlántico, a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió el permiso a Petrobras, desatando una ola de críticas por parte de organizaciones ecologistas nacionales e internacionales.
Según el Ministerio de Minas y Energía, el proyecto podría atraer inversiones por 300.000 millones de reales (unos 55.000 millones de dólares) y generar hasta 300.000 empleos directos e indirectos. El ministro Alexandre Silveira destacó que el potencial del área es de hasta 10.000 millones de barriles recuperables, lo que consolidaría a Brasil como potencia energética regional. “Brasil no puede renunciar a conocer su potencial. Esta exploración se hará con responsabilidad ambiental y altos estándares técnicos”, aseguró.
El Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera que esta iniciativa refuerza su política de transición energética “justa y equilibrada”, combinando la expansión de la producción petrolera con el desarrollo de biocombustibles y la descarbonización industrial. Petrobras, por su parte, afirmó que ha implementado la “mayor estructura de respuesta ambiental del país”, con 13 embarcaciones disponibles para mitigar eventuales impactos.
Críticas de ambientalistas y cuestionamientos internacionales
Las principales organizaciones ecologistas del país reaccionaron con dureza a la medida. El Observatorio do Clima, que agrupa a más de 130 entidades, calificó la decisión como “desastrosa” y anunció que buscará anular la licencia por “fallas técnicas” en el proceso. Greenpeace y WWF advirtieron que el proyecto contradice los compromisos de Brasil para reducir entre 59% y 67% sus emisiones contaminantes hacia 2035.
La autorización llega a menos de un mes de la COP30, que se celebrará precisamente en la ciudad amazónica de Belém, lo que aumenta la tensión entre el discurso climático de Lula y las acciones de su gobierno. “Es un sabotaje a la COP30 y un golpe a la credibilidad de Brasil como líder climático”, señaló el Observatorio do Clima en un comunicado.
Las ONG también alertaron sobre los riesgos ecológicos de la zona, que alberga manglares, arrecifes de coral, territorios indígenas y especies en peligro de extinción. “Brasil debe apostar por energías renovables y la bioeconomía, no por más petróleo”, sostuvo Ricardo Fuji, especialista en conservación de WWF.
Perspectiva económica y energética
Pese a las críticas, el Ejecutivo brasileño insiste en que el megaproyecto representa una oportunidad estratégica para consolidar su autonomía energética, aumentar la recaudación fiscal —estimada en un billón de reales (cerca de 200.000 millones de dólares) en las próximas décadas— y atraer inversiones extranjeras.
La discusión entre desarrollo y sostenibilidad vuelve así al centro del debate latinoamericano, donde los países buscan equilibrar la rentabilidad de sus recursos naturales con los compromisos globales de reducción de emisiones.
