La región concentra los minerales estratégicos del futuro, pero sin marcos de gobernanza sólidos corre el riesgo de repetir un modelo extractivo desigual y de bajo valor agregado.
El auge de la demanda global de minerales, clave para la transición energética, coloca a América Latina en el centro del mapa económico mundial. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda de litio, cobre, grafito y otros minerales podría triplicarse hacia 2030 y cuadruplicarse en 2040, con un fuerte impulso desde países del norte global.
La región concentra 48% del litio, 34% de la plata, 26% del cobre, 23% del grafito y 20% del molibdeno. Este potencial, sin embargo, trae consigo un dilema: ¿será la minería un motor de desarrollo sostenible o un ciclo más de dependencia extractiva?
Riesgos económicos y sociales sin salvaguardas
Actualmente, la minería en América Latina enfrenta fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental y por los conflictos sociales derivados de la falta de consulta efectiva a comunidades locales e indígenas. Más del 40% de los conflictos mineros de la región involucran a comunidades indígenas, lo que refleja un déficit en gobernanza y participación.
En el plano económico, la dependencia de materias primas sin valor agregado expone a los países a una vulnerabilidad estructural: ingresos volátiles, escasa diversificación productiva y limitada capacidad de negociación frente a los grandes compradores del norte global.
Las salvaguardas como condición de sostenibilidad
En 2024, el Panel del Secretario General de la ONU propuso principios internacionales para garantizar que la explotación de minerales esenciales para la transición energética no repita esquemas de desigualdad. Estas recomendaciones giran en torno a cuatro ejes:
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Ambiental: evaluación territorial y planificación participativa en ecosistemas sensibles.
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Social: consulta previa real y participación vinculante de comunidades.
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Económica: diversificación productiva y mayor integración regional.
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Gobernanza: transparencia, rendición de cuentas y control independiente.
Un desafío geopolítico para la región
Con la COP30 en noviembre, América Latina tiene la oportunidad de plantear una agenda unificada. La presión del norte global por acceder a más minerales debe equilibrarse con el derecho de la región a condicionar esa producción a salvaguardas vinculantes, que permitan transformar la minería en un motor de bienestar económico y social.
De lo contrario, cada país seguirá negociando en solitario, debilitando su capacidad de incidencia y repitiendo un patrón de crecimiento sin desarrollo.
