El Colegio de Abogados de Arequipa demanda ante el Tribunal Constitucional el reciente decreto de urgencia que aprobó US$ 750 millones para la estatal, alegando falta de sustento legal y vulneración del orden constitucional.
El respaldo financiero del Gobierno a Petroperú ha sumado un nuevo capítulo legal. El Colegio de Abogados de Arequipa (CAA) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto de Urgencia n.° 013-2024, el cual autorizó la transferencia de US$ 750 millones para rescatar a la estatal petrolera. La acción plantea cuestionamientos no solo económicos, sino también sobre los límites constitucionales del Ejecutivo.
Según el documento presentado por el CAA, el uso del mecanismo de decreto de urgencia no se justifica en este caso, pues el contexto no responde a una situación imprevista ni extraordinaria. La crisis de Petroperú —alegan— es estructural y venía siendo advertida desde hace años por informes especializados y reportes contables, lo que deslegitima la calificación de “urgencia” que sustenta el D.U. 013-2024.
“Lejos de tratarse de un evento sorpresivo, la insolvencia de Petroperú fue anticipada en múltiples informes”, recuerda el gremio, haciendo alusión a los reportes de pérdidas desde 2022 y los anteriores salvatajes financieros ya implementados durante 2023.
Además del cuestionamiento sobre la naturaleza del decreto, el Colegio apunta a una posible vulneración del principio de separación de poderes. Señala que el Ejecutivo habría sobrepasado sus competencias al omitir el debate parlamentario sobre una medida de alto impacto fiscal, sin considerar que el Congreso tiene atribuciones para legislar sobre endeudamiento, presupuesto público y control del gasto estatal.
La demanda se suma a las críticas de distintos sectores que han observado con preocupación la falta de una reestructuración de fondo en Petroperú, mientras se siguen destinando recursos del erario para su sostenimiento. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional podría marcar un precedente relevante sobre el alcance del uso de decretos de urgencia para rescates empresariales en el país.
