El TC admite demanda de inconstitucionalidad contra el decreto que autorizó el salvataje financiero a la petrolera estatal, abriendo el proceso para evaluar su legalidad y la gestión de fondos públicos.
Demanda de inconstitucionalidad admitida
El Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa contra el Decreto de Urgencia 013-2024, norma que en setiembre del año pasado permitió al Poder Ejecutivo disponer un salvataje financiero a Petroperú por hasta US$1.800 millones. Con esta decisión, el máximo intérprete de la Constitución inicia el proceso de revisión legal del decreto.
Plazos y procedimiento
Se ha otorgado un plazo de 30 días al Poder Ejecutivo para apersonarse y responder a la demanda. Posteriormente, el TC programará una audiencia pública en la que ambas partes podrán presentar sus alegatos.
Argumentos del Colegio de Abogados de Arequipa
El abogado Walter Gutiérrez, representante de la demanda, señaló que la medida vulnera principios constitucionales al no acreditar la excepcionalidad e imprevisibilidad requeridas por la jurisprudencia. Según explicó, la crítica situación financiera de Petro-Perú era previsible y conocida desde hace años, por lo que no justifica el uso de un decreto de urgencia.
Cuestionamiento a la recurrencia de decretos de urgencia
El Colegio de Abogados también criticó la repetida utilización de estos mecanismos extraordinarios: al menos cuatro desde 2020, comprometiendo cuantiosos recursos públicos. La organización sostuvo que estos fondos deberían destinarse a sectores prioritarios como salud, educación y seguridad.
Llamado a pronunciamiento oportuno del TC
El gremio solicitó al Tribunal Constitucional emitir un pronunciamiento oportuno sobre el caso, al considerar que se trata de una medida que compromete directamente el manejo responsable de los fondos del Estado.
