La propuesta de elevar al 20% el aporte obligatorio a las AFP genera rechazo entre afiliados y expertos. En medio de retiros masivos y falta de transparencia, el problema no es cuánto se aporta, sino en quién se confía.
En plena crisis de confianza hacia el sistema previsional, la propuesta de aumentar al 20% la tasa obligatoria de aporte a las AFP ha encendido la polémica. El planteamiento fue realizado por Mariano Álvarez, CEO de AFP Habitat, durante el Perú Market & Investments Summit 2025, tomando como referencia el modelo chileno, donde ya se aprobó una subida gradual de aportes.
Actualmente, el Perú mantiene una tasa de aporte de 10%, que muchos consideran insuficiente para asegurar una pensión digna. Sin embargo, el contexto local es marcadamente distinto al chileno. “Solo el 28% de los trabajadores formales logra aportar de forma continua durante el año”, advierte Milagros Torres, subdirectora académica de la Facultad de Negocios de Zegel. Esto evidencia una estructura laboral profundamente fragmentada e informal.
Los cálculos no son alentadores: para acceder a una pensión de apenas S/1.000 mensuales, un afiliado debe acumular más de S/180.000 en su fondo, una meta casi inalcanzable para millones de peruanos —en especial mujeres y jóvenes— que enfrentan empleos precarios e intermitentes. “Exigir un mayor esfuerzo contributivo en un país con 70% de informalidad solo golpea más a quienes ya luchan por subsistir”, recalca Torres.
En paralelo, la reforma previsional aprobada por el Congreso —que introduce una pensión mínima de S/600 para quienes aporten al menos 20 años— ha sido recibida con cierto entusiasmo social. No obstante, diversos economistas alertan que esta medida podría implicar un costo fiscal hasta tres veces superior al proyectado, pasando de 0.2% a casi 0.9% del PBI, según estimaciones respaldadas por el Consejo Fiscal.
Pero el corazón del problema no está en la cifra del aporte. Desde 2020, se han autorizado ocho retiros extraordinarios de fondos. Esto ha deteriorado severamente el capital acumulado de millones de afiliados. Proyecciones del sector indican que se necesitarán al menos ocho años para recuperar el valor real que tenían los fondos en 2019.
En este contexto, la propuesta de subir el aporte aparece como una medida desconectada de la realidad del afiliado. La mayoría prioriza el corto plazo, y con razón: el sistema no ha demostrado garantías mínimas de eficiencia, transparencia ni sostenibilidad.
Recuperar la confianza debería ser el primer paso antes de exigir un mayor esfuerzo contributivo. Sin legitimidad ni resultados visibles, cualquier reforma —por bien intencionada que sea— corre el riesgo de fracasar antes de empezar.
