Los empresarios consultados coinciden en que la educación ética y la formación de valores desde los niveles educativos más tempranos son herramientas más efectivas.
Un reciente estudio desarrollado por Datum Internacional indica que el 47% de las empresas peruanas no cuentan con procesos sistemáticos para identificar los riesgos de soborno en sus operaciones.
“La baja implementación de sistemas de prevención se traduce directamente en pérdidas económicas. Según informes, el soborno representa un sobrecosto del 15.3% en las transacciones empresariales. Esta cifra puede comprometer seriamente la competitividad del país en el mediano plazo”, indica Milagros Torres, subdirectora académica de la Facultad de Negocios de Zegel.
El estudio señala que las carencias son más evidentes en empresas ubicadas fuera de Lima y Callao, así como en pequeñas empresas. En estos segmentos, el desconocimiento de la normativa anticorrupción y la escasez de programas formales de prevención son significativamente mayores. Si bien la mayoría de las organizaciones tiene implementado un Código de Ética, solo entre un 4% y un 7% ha desarrollado un sistema integral de gestión antisoborno, lo cual evidencia un enfoque todavía superficial.
Además, un 24% de los directivos considera que el soborno no afecta su sector, lo que revela una disociación entre la realidad del país y la percepción individual. El rubro de la construcción sigue liderando las alertas, ya que es identificado por el 44% de los encuestados como el más expuesto a estas prácticas ilícitas.
Educación ética como solución estructural
Los empresarios consultados coinciden en que la educación ética y la formación de valores desde los niveles educativos más tempranos son herramientas más efectivas que la simple creación de nuevas leyes. Se requiere una transformación cultural que promueva la integridad y la transparencia como principios fundamentales de los negocios.
“Un dato que no se debe ignorar es que el 61% de empresas que implementaron programas de ética y cumplimiento lograron reducir los incidentes de corrupción interna en el último año. Esto demuestra que las medidas funcionan cuando se aplican con convicción y continuidad”, concluyó Milagros Torres.
En este contexto, las instituciones educativas, el Estado y el sector privado tienen la responsabilidad compartida de revertir esta tendencia. La lucha contra el soborno no puede depender únicamente del marco normativo; debe basarse en un cambio de mentalidad que priorice la sostenibilidad empresarial y la confianza ciudadana.
