El canal de la quebrada Huaycoloro, inaugurado en 2025, costó S/ 740 millones, 131% más que el contrato inicial de S/ 320 millones, un incremento que expertos califican como señal de posibles irregularidades.
En uno de los últimos actos de su gestión, la expresidenta Dina Boluarte inauguró el 16 de septiembre de 2025 la “Solución Integral de la Quebrada Huaycoloro”, proyecto destinado a proteger a 30 mil pobladores del distrito de Lurigancho frente a desbordes e inundaciones. El contrato original, adjudicado por la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, a través del mecanismo Gobierno a Gobierno, se firmó por S/ 320,128,339, con un plazo de 895 días para su ejecución.
No obstante, la obra, cuya ejecución estuvo a cargo de China International Water & Electric Corp., sucursal Perú, terminó con un costo de S/ 740 millones, según informó ANIN, lo que representa un sobrecosto de S/ 419,871,661, equivalente a 131% más del monto inicial y más del doble del presupuesto adjudicado. La infraestructura, que debía concluir el 27 de octubre de 2024, sufrió retrasos y finalmente se terminó un año después de la fecha prevista.
Las auditorías de la Contraloría pusieron en evidencia incrementos previos en el presupuesto. En diciembre de 2024, el primero de los informes detectó una “actualización” del costo a S/ 586,414,410, un alza de S/ 266,286,071 que equivalía a 83.17% sobre el monto inicial. En una segunda auditoría, del 24 de marzo de 2025, la Contraloría volvió a cuestionar el incumplimiento de plazos, señalando que la demora perjudicó la oportuna puesta en servicio de defensas ribereñas, en detrimento de la población ante la temporada de lluvias.
ANIN atribuyó parte de los problemas a impedimentos en el acceso para el contratista, por cruces vehiculares informales, y reconoció que se reestructuró el cronograma luego de dificultades financieras del contratista inicial. El organismo afirmó que la obra se encuentra concluida físicamente al 100% y que está en proceso de cierre comercial y transferencia a la Municipalidad de Lurigancho, con la firma de un acta de intención y la gestión de un convenio de mantenimiento.
Especialistas y exfuncionarios consultados por este diario coincidieron en que el salto presupuestal exige una investigación exhaustiva. El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado Paredes señaló que aumentos tan significativos suelen ser “elementos objetivos” que podrían revelar patrones de corrupción, y subrayó que un acuerdo Gobierno a Gobierno no exime de transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, el experto en infraestructura y arbitrajes Edgar Zúñiga Morán afirmó que el incremento de S/ 320 millones a S/ 740 millones debe estar plenamente justificado en términos técnicos y normativos, y que si la causa fue un expediente técnico deficiente, ello explicaría, pero no justificaría, los adicionales que dispararon el precio original. Zúñiga precisó que el problema no es en sí el modelo Gobierno a Gobierno, sino su implementación sin controles adecuados.
La Contraloría, en sus auditorías, advirtió la necesidad de mayor gestión y supervisión por parte de ANIN, y puso énfasis en la afectación a la población beneficiaria debido a la demora en la entrega. Fuentes municipales señalaron que ANIN no ha precisado una fecha definitiva para la transferencia operativa, mientras que los pobladores han protagonizado protestas por la tardanza, dado que la temporada de huaicos y lluvias aumenta el riesgo.
La República consultó a la empresa contratista sobre las causas de las demoras y el aumento del presupuesto, la cual respondió que no emitiría declaraciones. La Contraloría, por su parte, indicó desconocer el monto final reportado por ANIN al momento de algunas auditorías.
El caso Huaycoloro suma un nuevo capítulo en la discusión sobre transparencia en grandes obras públicas, y plantea interrogantes sobre la fiscalización de proyectos con financiamiento y adjudicación internacional. Para expertos en infraestructura, la recomendación es clara: abrir una investigación integral que explique cada adicional, determine responsabilidades y establezca medidas que eviten la repetición de sobrecostos en proyectos críticos para la gestión del riesgo y la protección de la población.
