Desde agosto el conflicto comunal en Huaripampa ha escalado a enfrentamientos violentos, dejando pérdidas por más de S/20 millones para los empresarios locales. Radicalización de reclamos sociales en la región Áncash podría comprometer la continuidad de las operaciones de Antamina y la confianza en nuevas inversiones mineras.
La minera Antamina enfrenta un escenario de creciente conflicto en Áncash. Desde agosto de este año, comuneros de la comunidad campesina de Huaripampa han protagonizado enfrentamientos con la Policía Nacional en un reclamo, sin ningún sustento legal, por 184 hectáreas inscritas en registros públicos a nombre de la empresa, que ahora ha devenido en una exigencia de dinero bajo amenaza. Es decir, en una extorsión.
Huaripampa es una comunidad ubicada en el distrito de San Marcos que vendió aproximadamente 2,200 hectáreas a Antamina en el año 1998 para desarrollar su actual operación. Su presidente actual es Roger Ariza, quien ha recurrido a Duberlí Pintado, un asesor externo investigado por presunta extorsión y usurpación agravada, según denuncias recogidas por medios de comunicación nacionales. En los últimos años, Pintado logró obtener retribuciones monetarias por parte de la minera Contonga, también ubicada en la zona.
El conflicto, liderado por el arquitecto Pintado, se centra en una exigencia de US$27 millones (cerca de S/100 millones) como compensación por la supuesta usurpación de tierras comunales. Al parecer, se quiere replicar la experiencia de Contonga.
El saldo hasta ahora: pérdidas materiales superiores a S/20 millones, con maquinaria y vehículos incendiados en la zona de Huacacocha, además de constantes tensiones en torno a las operaciones mineras. El enfrentamiento llegó a picos el 20 de agosto último, cuando se incendió maquinaria y otros bienes en los terrenos de la operación minera. La maquinaria dañada es propiedad de proveedores locales, que prestan servicios a la empresa.
De reclamos ambientales a una exigencia millonaria
En el año 2003, ante algunos reclamos de los comuneros, se realizaron diversas reuniones que dieron como resultado acuerdos en donde se reconoce y ratifican los linderos de la compraventa del año 1998. Estos acuerdos fueron plasmados en una escritura pública la misma que fue debidamente suscrita por representantes tanto de la comunidad de Huaripampa como de Antamina.
En octubre de 2023, se presentan reclamos comunales se centraban en supuestos daños ambientales a una laguna. Sin embargo, desde 2024 la discusión viró hacia la superposición de terrenos y supuestas usurpaciones. Pese a múltiples intentos de diálogo, incluyendo un acta en septiembre de 2024 para buscar una “solución social”, las conversaciones quedaron en punto muerto tras el ingreso de nuevas dirigencias comunales.
En mayo de 2025, la comunidad presentó un “Estudio Definitivo” (sin ningún sustento legal ni técnico) que fijaba una compensación de 27 millones de dólares, cifra rechazada por la compañía minera. La radicalización llegó unos meses después y, desde entonces, grupos reducidos de comuneros, y liderados por el asesor Pintado, permanecen instalados en Huacacocha (un sector aledaño a la propiedad de Antamina), bloqueando la posibilidad de una solución pacífica.
Canon millonario y carencias sociales
“El riesgo de este tipo de radicalización es que, bajo el discurso de reclamo social, se abren espacios para prácticas extorsivas que terminan afectando no solo a una empresa, sino a la competitividad de todo el sector minero peruano”, advirtió Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Antamina.
“Cuando se instala la idea de que la violencia puede generar pagos inmediatos, se pone en juego la estabilidad de inversiones por miles de millones de dólares. Esto no es un problema puntual de Antamina: es un mensaje peligroso para cualquier operación minera en el país”, agregó Cooper.
La compañía Antamina, que proyecta más de US$2 mil millones en inversiones hasta 2036, gracias a la aprobación del MEIA (Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental), ha reiterado su disposición a resolver el conflicto mediante diálogo, siempre en el marco de la legalidad. Sin embargo, la escalada de violencia mantiene en vilo no solo la seguridad de sus operaciones, sino la confianza en el futuro de la minería peruana.
Cabe destacar que, a lo largo de los años operando en la zona, Antamina ha desarrollo una relación de cooperación con la comunidad de Huaripampa, plasmada en sucesivos acuerdos de inversión trianuales en programas de bienestar social, en los rubros de salud, educación, medio ambiente y desarrollo productivo. En todos los acuerdos han participado el presidente de la comunidad, el alcalde distrital y los alcaldes de los centros poblados de la zona.
Peligroso precedente
La extorsión que se estaría dando en torno a una de las principales operaciones mineras del Perú constituye un precedente negativo, sobre todo cuando el país busca relanzar la promoción de las inversiones como un pilar de la recupación económica. Para tal fin, es necesario garantizar la seguridad y un entorno de respeto al Estado de derecho.
Como se sabe, en otras zonas del país, como el corredor minero sur, se han dado casos similares, en que las compañías mineras formales sufren presiones con demandas de carácter ambiental o de propiedad, para luego convertirse en demandas económicas sin ningún sustento legal o técnico. En todos los casos, el rol del asesor externo es de particular relevancia.
El caso denunciado recientemente, que involucra a Pintado, tiene la particularidad que menciona a un lider de un partido nacional (País para Todos), con registro electoral y posibilidades de presentar un candidato presidencial viable en los comicios de abril de 2026.
