Apoyo financiero del Estado acumula más de S/32 mil millones durante los últimos 14 años, lo que evidencia la necesidad de una reforma integral. Especialistas coincidieron en que la reorganización de Petroperú será sostenible solo si viene acompañada de una recuperación del sector hidrocarburos.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) llevó a cabo el seminario virtual “Petroperú después de las elecciones: Hoja de ruta para no retroceder”, que contó con la participación de Diego Macera, director del IPE; Anthony Laub, Exsecretario general del MINEM; y Arturo Vásquez, Exviceministro de Energía del MINEM y socio de GERENS. El evento analizó la situación de deterioro sostenido de Petroperú y sirvió para que el IPE presente un boletín con una hoja de ruta para sostener una reforma integral de la petrolera posterior a la culminación del proceso electoral y de cara al inicio de un nuevo gobierno.

Los especialistas coincidieron en la urgencia de articular esta hoja de ruta para la empresa que permita abordar sus debilidades operativas, financieras e institucionales. Ello deberá darse sobre la base de los lineamientos que establece el DU N° 010-2025, el cual habilita el inicio de un proceso de reorganización de Petroperú.

Situación de Petroperú

Diego Macera explicó que, a la fecha, Petroperú representa un negocio en situación de pérdida. Así, los rescates estatales distorsionan la lectura sobre su estado: sin ese respaldo, la empresa habría acumulado 13 años consecutivos en negativo. Junto a la incapacidad para generar flujos de caja positivos, la creciente deuda financiera configura un perfil de insolvencia. Esta deuda se multiplicó diez veces desde 2013, cuando se autorizó recursos para la Nueva Refinería de Talara, cuyo costo final (US$6,530 millones) resultó cuatro veces mayor respecto a su estimado original.

A dichos problemas operativos y financieros, Macera detalló que se le adiciona un panorama institucional aún más grave. Entre 2021 y 2026, Petroperú tuvo 10 gerentes generales y 13 presidentes de directorio, con una duración promedio de apenas 3 meses. Ello demuestra que las decisiones recientes han estado condicionadas a cambios en el ámbito político. Con ello, reafirmó que “sin predictibilidad en la gobernanza, no habrá ningún avance”.

En consecuencia, Macera señaló que “Petroperú pasó se ser un tema energético a ser un tema fiscal”. Así, la ausencia de una reforma representó un alto costo. El IPE estima que, desde 2013, el Estado dedicó S/32,100 millones en apoyos financieros a la empresa. Ello equivale a más de 296 Colegios de Alto Rendimiento (COAR), cerca de 33 hospitales de alta complejidad o, incluso, 30 veces el presupuesto anual del Programa Juntos.

En este contexto, Macera enfatizó que el DU N° 010-2025 habilita un primer paso para reorganizar la empresa dadas sus limitaciones.  Ello hace evidente la necesidad de una hoja de ruta integral que aborde las diversas problemáticas presentes en los ámbitos operativos, financieros y de gobernanza. Ello deberá ocurrir en un entorno propicio para impulsar nuevas inversiones en el sector hidrocarburos.

Urgencia por una reforma integral

Anthony Laub destacó el gran costo de oportunidad de rescatar Petroperú, mencionando recursos que hubieran servido para proyectos de agua y saneamiento en regiones con mayores brechas. Asimismo, recordó que el lote 192, uno de los de mayor tamaño en el país, fue otorgado a Petroperú sin las condiciones que se discutieron en su momento, como la entrada de capitales privados a la empresa. El experto también consideró que el fideicomiso establecido en el Decreto de Urgencia N° 003-2026 es incompleto, porque solo funciona sobre el monto de las nuevas garantías financieras otorgadas. “Hubiese sido ideal que el fideicomiso se establezca sobre toda la caja de la empresa”, señaló. En esa línea, advirtió que las medidas recientes han permitido aliviar los problemas inmediatos de liquidez, pero no resolverían problemas estructurales de gobernanza, eficiencia operativa y capacidad de generar flujos sostenibles en el largo plazo.

Por su parte, Arturo Vasquez enfatizó que cualquier proceso de reestructuración requiere definir con claridad cuál será el rol de la empresa, lo que deberá ser establecido a través de una norma con rango de ley. “Tiene que haber un mandato claro de lo que tiene que hacer y no hacer Petroperú”, afirmó. En esa línea, cuestionó que Petroperú esté cumpliendo con un rol subsidiario, cuando la oferta privada logra abastecer al mercado. Además, advirtió que, si bien la empresa se viene beneficiando del elevado precio del petróleo, esta es una coyuntura temporal, luego de la cual tendrá dificultades para atender sus deudas.

Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de dinamizar la actividad en el sector hidrocarburos que acompañe una reforma de la empresa. Laub identificó que la tramitología vigente genera complicaciones para nuevas inversiones en exploración. Vasquez destacó la incertidumbre regulatoria y la pérdida de competitividad en el sector. Para ello “el rol de Perúpetro será clave en fortalecer los procesos de licitación de lotes petroleros”. Finalmente, los especialistas concluyeron que la seguridad energética se sustenta en la infraestructura de transporte y almacenamiento de un país, no en la existencia de una empresa petrolera estatal.