El Congreso evalúa una nueva ley que, bajo la promesa de formalización, podría legalizar prácticas ilegales y peligrosas. Especialistas advierten graves retrocesos ambientales, fiscales y sociales.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso tiene en sus manos una propuesta que podría marcar un punto de quiebre en la regulación minera del país. Se trata de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), cuyo predictamen ya generó una fuerte alarma entre expertos, gremios del sector extractivo y defensores ambientales.
El texto sustituye la normativa vigente y propone la creación del Registro Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma), reemplazando al polémico Reinfo, un sistema que —según múltiples informes— ha sido utilizado como puerta de entrada para legitimar operaciones de minería informal e ilegal.
Tanto la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) como el abogado ambientalista César Ipenza alertaron que, pese a ciertos cambios cosméticos, la nueva ley mantiene los mismos peligros estructurales: incentivos a la ilegalidad, ausencia de trazabilidad, beneficios tributarios sin control y un marco regulatorio débil que deja sin herramientas al Estado para fiscalizar.
“El objetivo sigue siendo legitimar la minería informal e ilegal mediante un proceso de formalización permanente”, advierte la SNMPE. El nuevo registro acepta requisitos mínimos, como DNI, RUC y coordenadas UTM, sumando apenas una guía de remisión y comprobante de pago, sin verificación técnica ni ambiental previa.
Además, la propuesta amplía la figura de la servidumbre minera, obligando a titulares formales a permitir el acceso de terceros a sus concesiones. Esto genera un conflicto directo con los derechos de propiedad minera y podría ser aprovechado por operadores ilegales para invadir zonas en regla.
Uno de los puntos más controversiales es la posibilidad de autorizar minería aluvial sobre cuerpos de agua, lo que contradice una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe expresamente esta práctica en zonas sensibles como la Amazonía.
La iniciativa también incrementa el límite de producción para minería artesanal, de 25 a 50 toneladas diarias, y autoriza el uso de “tecnologías de baja complejidad”, una definición ambigua que permitiría operaciones de alto impacto con bajo control.
En el plano tributario, el proyecto incluye incentivos financieros y beneficios tributarios especiales, con apoyo del Banco de la Nación, generando un régimen preferencial frente a otras actividades productivas que sí cumplen con estándares formales.
Para Ipenza, esta ley no responde a una verdadera política de formalización. “No es una Ley MAPE. Es una nueva ley de formalización minera que, en lugar de ordenar, institucionaliza el caos”, aseguró.
El riesgo más profundo, añade, es el impacto sobre pueblos indígenas: “Se les fuerza a pedir concesiones sobre sus territorios para evitar que otros lo hagan. Es una forma de presión encubierta para convertirlos en mineros”.
La propuesta aún no ha sido debatida por falta de consenso. Sin embargo, el presidente de la comisión, Paul Gutiérrez, ha prometido convocar a una sesión extraordinaria para tratarla en los próximos días. De aprobarse en su forma actual, la nueva Ley MAPE podría ser vista no como una solución al problema de la informalidad, sino como su legalización encubierta.
