El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Raúl Barrios, cuestionó que la Cámara de Diputados aún no apruebe la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo y criticó la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.
La inseguridad ciudadana se ha convertido, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en una de las principales amenazas para la actividad económica y empresarial del país. Durante la inauguración del VII Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial, realizado el 29 de septiembre, el presidente del gremio, Raúl Barrios, cuestionó que la Cámara de Diputados aún no haya otorgado las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo para fortalecer la respuesta frente a la extorsión y el crimen organizado.
Barrios sostuvo que la Policía Nacional necesita herramientas que le permitan actuar con mayor rapidez frente a los casos de extorsión. “La extorsión ya llegó a Lima y es momento de tomar una decisión. Necesitamos la delegación de facultades porque hoy la Policía está atada de manos”, señaló durante el evento.
El presidente de la CCL puso como ejemplo la dificultad para acceder rápidamente a información que puede ser relevante en una investigación, como datos asociados a teléfonos celulares o cuentas bancarias utilizadas por presuntos extorsionadores. Según afirmó, mientras las víctimas pueden recibir exigencias de pago en cuestión de horas, los procedimientos para obtener determinadas autorizaciones pueden tomar mucho más tiempo.
“Necesitamos mecanismos que permitan actuar en menos de 24 horas. No podemos esperar meses mientras las víctimas siguen siendo amenazadas”, enfatizó.
La solicitud de facultades legislativas del Ejecutivo contempla, entre otros temas, medidas vinculadas con seguridad ciudadana, legislación penal, orden interno y otros aspectos relacionados con la lucha contra la criminalidad. El pedido, que plantea una delegación por 120 días, continúa en debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El 29 de septiembre, dicha comisión inició la discusión del dictamen y acordó continuar el debate el 30 de septiembre.
Inseguridad ciudadana también impacta en las empresas
Para la CCL, el problema trasciende el ámbito de la seguridad pública y tiene consecuencias directas sobre la actividad económica. La propia organización había advertido antes del foro que la criminalidad genera costos adicionales para las empresas, afecta la productividad y puede influir en las decisiones de inversión y en la confianza empresarial.
En esa línea, Barrios afirmó que el país necesita condiciones que permitan desarrollar nuevas inversiones, proyectos y empleo formal. “Somos parte de la sociedad, generamos empleo y pagamos nuestros impuestos, pero lamentablemente tenemos un Estado que no nos acompaña”, sostuvo.
El dirigente empresarial también hizo un llamado a otros gremios para que se pronuncien sobre la problemática y respalden la labor de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente a la inseguridad.
CCL cuestiona moción contra el ministro del Interior
Barrios también cuestionó la moción de censura promovida contra el ministro del Interior, César Astudillo, quien asumió el cargo a fines de julio. El presidente de la CCL consideró que los cambios y cuestionamientos constantes en el sector dificultan la continuidad de las acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.
“Hemos tenido tantos ministros del Interior y esta situación de inestabilidad refleja el nivel de inseguridad que enfrentamos hoy en día. El ministro es un gerente que deben dejarlo gestionar”, afirmó.
El ministro Astudillo asumió la conducción del Ministerio del Interior el 28 de julio de 2026 y ha planteado medidas para fortalecer las capacidades de la Policía frente a nuevas modalidades de criminalidad. Entre ellas se encuentra el uso de herramientas de rastreo, localización, geolocalización y bloqueo de equipos de comunicación para combatir la extorsión.
Barrios cuestiona debate sobre el Poder Judicial
Durante su intervención, el presidente de la CCL también se refirió al enfrentamiento público entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial a raíz de las declaraciones de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, sobre los procesos judiciales contra policías y militares.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó previamente la afirmación de que exista una persecución contra integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y defendió la independencia de los jueces.
En ese contexto, Barrios cuestionó la posición de la titular del Poder Judicial y planteó su salida del cargo. Sus declaraciones forman parte del debate institucional que se ha generado alrededor de la relación entre las instituciones encargadas de la seguridad, la justicia y el control del orden interno.
Seguridad y crecimiento económico
Por su parte, David Ojeda, jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), señaló durante el foro que la inseguridad constituye una barrera para el desarrollo económico del país. Según explicó, la extorsión y otras actividades delictivas afectan la generación de empleo y el potencial de crecimiento de las empresas.
Ojeda también sostuvo que el crimen organizado ha ampliado su alcance y que sus actividades combinan economías ilegales con mecanismos de infiltración en circuitos formales, además de buscar control territorial.
El VII Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL reunió a representantes del sector público, privado y especialistas para analizar los desafíos de la criminalidad y su impacto en las empresas. El encuentro tuvo como objetivo promover propuestas y alianzas entre distintos sectores para enfrentar la inseguridad.
Para el sector empresarial, el debate sobre seguridad también está vinculado con las condiciones necesarias para atraer capitales y sostener el crecimiento. En ese sentido, Barrios sostuvo que el Perú requiere estabilidad, predictibilidad, instituciones que funcionen y capacidad estatal para hacer cumplir la ley.
“No podemos pretender competir por inversiones en el mundo si permitimos que la delincuencia, la extorsión o el crimen organizado condicionen la actividad económica en nuestro propio territorio”, afirmó.
