La Cámara de Comercio de Lima advierte que las redes delictivas ya no solo operan al margen de la ley, sino que empiezan a ocupar espacios estructurales del poder económico y social.
Las economías criminales han dejado de ser una amenaza aislada para convertirse en un sistema paralelo de gobernanza que desafía al Estado de derecho, socava instituciones y penetra cadenas logísticas y mercados legales. Así lo advirtió el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, durante la presentación del libro “Los nuevos desafíos de las economías criminales: estudios de casos latinoamericanos”, un evento organizado por la CCL en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer (KAS).
“Estas redes ya no actúan solo como grupos criminales. Se comportan como corporaciones, infiltrando el sistema financiero, corrompiendo voluntades y posicionándose como alternativas de ingreso en zonas vulnerables”, señaló De La Tore. Alertó, además, sobre el peligro de que este fenómeno se normalice como una salida laboral, especialmente entre jóvenes, en un contexto de alta informalidad y ausencia estatal.
El libro, de autoría de Víctor Guerra, expone casos de crimen organizado en América Latina, sus impactos económicos, sociales y políticos, y propone estrategias multidisciplinarias para enfrentarlo. Las cifras presentadas son contundentes: América Latina, con apenas el 9% de la población mundial, concentra más de un tercio de los homicidios globales, y el crimen organizado le cuesta a la región el 3.44% de su PBI, según datos del Banco Mundial y del BID.
Durante el panel de discusión —que incluyó a expertos como Juan Carlos Buitrago (Colombia), Juan Carlos Sainz-Borgo (UPEACE) y Lucía Nuñovero (Perú)— se destacó que la informalidad en países como el Perú (más del 70%) es el combustible de las redes ilícitas. Además, se subrayó que 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en la región, la mayoría de ellas ubicadas en puertos y zonas de frontera, dominadas por mafias del narcotráfico, contrabando y minería ilegal.
Ante este escenario, la CCL instó al Estado a asumir un rol activo con reformas que fortalezcan el sistema judicial, potencien la inteligencia estratégica y respalden a los operadores de justicia que enfrentan a estas redes. “No podemos permitir que las economías criminales se conviertan en el nuevo oficio de América Latina”, concluyó De La Tore.
Robert Helbig, representante de la KAS en Perú, cerró el evento advirtiendo que estas redes no solo minan al Estado, sino que erosionan el tejido social y familiar, usando incluso tecnología de punta para infiltrarse en sistemas financieros y expandir su influencia. La lucha contra este modelo de “gobernanza criminal” —según el consenso del evento— requiere acción inmediata, coordinación multinivel y cooperación regional sostenida.
