La Comisión de Pueblos Andinos advierte una “crisis territorial” y reclama coordinación multisectorial para detener la contaminación y recuperar el control en la Amazonía.
Crisis en expansión y deuda histórica del Estado
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, presidida por Silvana Robles, realizó una mesa de trabajo titulada “Minería y economías ilegales: impactos en los pueblos indígenas del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún”. En la sesión se alertó sobre la expansión de la minería ilegal y otras actividades ilícitas en las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Marañón. Robles advirtió que “la situación es crítica” y que el Estado mantiene “una deuda histórica con nuestros pueblos originarios”, por lo que cada sector debe asumir compromisos con plazos y presupuestos definidos.
Impacto ambiental y pérdida de control territorial
Representantes de las comunidades Wampís (GTANW) y Awajún (GTAA) denunciaron la presencia de más de 50 dragas operando en zonas críticas como Tambo, Cenepa, Santiago y Alto Marañón. Alertaron sobre la contaminación por mercurio, la degradación ambiental y la pérdida del control territorial frente a las economías ilegales que avanzan sin respuesta sostenida del Estado.
Demandas y respuestas concretas
Entre las solicitudes más urgentes de los pueblos indígenas figura la creación de una mesa multisectorial de carácter permanente, la reactivación de puestos militares en zonas fronterizas, la instalación de mesas de trabajo en Bagua y San Lorenzo, así como la declaratoria de estado de emergencia ante el avance del crimen organizado que opera la minería ilegal.
En cuanto al Estado, el Alto Comisionado contra la Minería Ilegal informó que esta actividad mueve alrededor de 7 000 millones de dólares al año, y que en 2024 fueron ejecutados más de 745 operativos exitosos. Asimismo, se precisó que el presupuesto para 2026 se incrementará de 70 a 178 millones de soles, pendiente de aprobación parlamentaria.
Obstáculos para la acción eficaz
La sesión reveló importantes deficiencias: la Policía Nacional reportó falta de personal, logística y financiamiento para operar en la Amazonía, mientras que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental señaló que el Pliego Presupuestal 128 para 2026 aún no contempla recursos para sus operaciones.
Además, el Gobierno Regional de Amazonas informó sobre solo 14 registros de formalización minera (REINFO) en la zona, y solicitó que el acuerdo para instalar una Unidad de Control Fluvial (UCF) en Condorcanqui sea implementado con apoyo de la DICAPI y la Sexta Brigada de Selva.
Hacia un compromiso de seguimiento
Al cierre de la jornada, la congresista Silvana Robles anunció que solicitará formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros la creación de la mesa multisectorial permanente y pedirá informes detallados sobre la asignación presupuestal para garantizar que el Congreso apruebe los recursos necesarios. “Este no será el primer ni el último espacio de diálogo. Seguiremos siendo aliados de los pueblos Wampís y Awajún para visibilizar sus problemáticas y exigir la atención que merecen”, enfatizó.
