El Ministerio de Economía y Finanzas presentó los avances del proceso nacional de simplificación administrativa, que busca optimizar trámites, acelerar inversiones y fortalecer la confianza empresarial en sectores clave como minería, energía, transporte y agroindustria.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó los resultados del “shock de desburocratización”, estrategia impulsada por el Gobierno de Transición y Reconciliación para simplificar normas, reducir tiempos de gestión y eliminar sobrecostos administrativos en todo el país.
Durante el cierre del encuentro con los gremios empresariales, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, informó que el proceso ha identificado 660 intervenciones orientadas a optimizar procedimientos y fortalecer la eficiencia del Estado. De este total, 451 medidas ya fueron culminadas, lo que representa un avance del 68%, mientras que 209 se encuentran en ejecución coordinadamente con los distintos sectores y niveles de gobierno.
En el ámbito minero y de hidrocarburos, se destrabaron proyectos de alto impacto como San Rafael, Retamas y Lote 95, con inversiones conjuntas superiores a US$ 200 millones. En energía y electricidad, se aprobaron estudios e iniciaron operaciones en La Niña–Piura, Piura Nueva–Colán, Belaúnde Terry–Tarapoto y Puerto Maldonado–Iberia, proyectos que fortalecerán la capacidad eléctrica en el norte, oriente y sur del país.
Asimismo, en comercio, transporte, construcción y agroindustria, las medidas desregulatorias han reducido tiempos de tramitación, unificado licencias y acelerado la digitalización de procesos, generando mayor predictibilidad y confianza para invertir.
El MEF, en conjunto con Indecopi, avanza además en la eliminación de 309 barreras burocráticas, de las cuales 186 están integradas al shock desregulatorio. En los próximos meses, se consolidarán los mecanismos de monitoreo y ejecución en los tres niveles de gobierno, priorizando los sectores con mayor impacto productivo y territorial.
La ministra Miralles subrayó que el país avanza hacia una gestión pública moderna, eficiente y transparente, afirmando que “simplificar no es improvisar, es ordenar con responsabilidad para que cada inversión se traduzca en empleo y bienestar”.
Con estas acciones, el Gobierno busca fortalecer la estabilidad macroeconómica, asegurar reglas claras y garantizar confianza para crecer, consolidando una nueva etapa de descentralización productiva y desarrollo sostenible.
