Un controversial paquete fiscal autoriza la subasta de tierras federales en 11 estados, abriendo la puerta a desarrollos privados en áreas naturales clave y marcando el mayor giro en décadas en la gestión del territorio.
Estados Unidos se prepara para ejecutar la mayor venta de tierras públicas en su historia moderna. El Senado aprobó un paquete fiscal que autoriza la subasta de hasta 104,4 millones de hectáreas de terrenos federales administrados por la Oficina de Administración de Tierras (BLM) y el Servicio Forestal de EE.UU. (USFS). La medida, diseñada para generar ingresos y atender la crisis habitacional, ha encendido una fuerte polémica entre ambientalistas, expertos en uso del suelo y legisladores.
La legislación obliga a ambas agencias a vender al menos 809.000 hectáreas en los próximos cinco años, con mecanismos de nominación cada 60 días y sin requerir audiencias públicas. En paralelo, se amplía la concesión de licencias para la explotación de petróleo, gas, carbón, geotermia y madera, con el objetivo de recaudar unos USD 29.000 millones entre 2025 y 2034.
¿Solución habitacional o privatización encubierta?
Según el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la venta busca liberar suelo para proyectos residenciales en zonas con escasez de vivienda. Sin embargo, solo un 0,5% del total estaría destinado a ese fin, y gran parte de los terrenos identificados no se encuentran cerca de núcleos urbanos ni cuentan con servicios básicos, lo que cuestiona su viabilidad para la construcción.
Organizaciones como The Wilderness Society han sido tajantes: los terrenos en venta incluyen áreas recreativas, hábitats críticos y corredores migratorios, cuya pérdida podría tener impactos irreversibles en la biodiversidad. Según estudios citados, menos del 2% de las tierras del BLM y USFS están próximas a centros poblados.
¿Dónde están las tierras en riesgo?
Los terrenos se concentran en 11 estados del oeste del país, siendo Alaska el más afectado con 33,5 millones de hectáreas. Le siguen Nevada (13,6 millones), Oregón e Idaho (8,8 millones cada uno), Utah (7,6 millones), California (6,8 millones), Wyoming (6 millones), Colorado, Arizona y Nuevo México (5,8 millones cada uno), y Washington (2,2 millones).
Muchas de estas áreas están catalogadas como estudios de áreas silvestres o zonas sin caminos inventariadas, con funciones clave en la preservación ambiental.
Opiniones divididas
Las posiciones sobre el impacto económico de la medida están lejos de ser unánimes. Patrick Parenteau, experto en derecho ambiental, sostiene que los ingresos fiscales serán marginales frente al costo ecológico. Además, advirtió que el proceso de venta carece de criterios técnicos rigurosos, lo que favorecería a empresas inmobiliarias y grandes propietarios con acceso a zonas turísticas o urbanas privilegiadas.
En cambio, Wendie Kellington, abogada especializada en uso del suelo, destacó que el 5% de las ganancias se destinarán a mantener tierras federales, lo que podría ayudar a reducir el déficit en infraestructura pública. También resaltó la urgencia habitacional en estados como Nevada, Arizona y California.
Desde la academia, Deborah Sivas, de la Universidad de Stanford, cuestionó la medida por considerar que los terrenos ofrecidos son en su mayoría remotos y sin valor significativo para el mercado inmobiliario, y advirtió que se estaría rompiendo una política de conservación vigente desde 1976.
Un giro drástico en la política de tierras públicas
Aunque la legislación excluye explícitamente parques nacionales, refugios de vida silvestre y ríos escénicos, el riesgo se traslada a áreas de uso recreativo y reservas locales. Una propuesta similar en la Cámara de Representantes fue retirada parcialmente por la oposición de sectores republicanos que prefieren ampliar el acceso público sin vender tierras.
La versión actual, revisada el 14 de junio, podría someterse a votación en el Senado antes del 4 de julio, fecha simbólica para concretar este ambicioso plan de desincorporación territorial.
De aprobarse, no solo marcará un punto de quiebre en la historia de la conservación en EE.UU., sino que también transformará el modelo de financiamiento federal y el equilibrio entre desarrollo y protección ambiental en uno de los países con mayor superficie bajo dominio estatal.
