Por Antonio Herrera Cabanilllas
Durante décadas, la desigualdad se consideró un problema que competía exclusivamente al Estado. Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo no ha sido suficiente para cerrarla. Hoy, el 10% más rico del planeta concentra más del 52% de los ingresos globales, mientras que el 50% más pobre apenas accede al 8%, según el World Inequality Report 2023. En América Latina —la región más desigual del mundo según la CEPAL— la situación es aún más marcada: el 1% más rico acumula más del 40% de la riqueza regional.
La desigualdad no es solo un dilema ético, sino un riesgo económico y social que erosiona la estabilidad, debilita la confianza y frena el desarrollo sostenible. En este contexto, las empresas no pueden permanecer como espectadoras. Su papel es decisivo para construir una economía más inclusiva, competitiva y resiliente.
La desigualdad como riesgo sistémico
El World Economic Forum (2024) advierte que la polarización social y la erosión de la cohesión comunitaria se encuentran entre los principales riesgos globales de la próxima década. La desigualdad alimenta la desconfianza hacia las instituciones, reduce la productividad e incrementa la conflictividad social.
La pandemia de COVID-19 lo evidenció con crudeza: las empresas que ignoraron las condiciones precarias de sus trabajadores y proveedores enfrentaron interrupciones severas en sus cadenas de suministro. En contraste, aquellas que invirtieron en salud, flexibilidad y apoyo social mostraron mayor capacidad de adaptación y recuperación.
La sostenibilidad, por tanto, no puede disociarse de la equidad. No habrá estabilidad ambiental ni económica en sociedades fracturadas.
Del capitalismo extractivo al capitalismo inclusivo
Durante mucho tiempo, el modelo de desarrollo dominante priorizó la maximización del valor para el accionista, incluso a costa del tejido social. Hoy, ese paradigma se encuentra en crisis. En su lugar emerge una nueva visión: el capitalismo inclusivo, que busca generar valor no solo para los accionistas, sino para todos los stakeholders — trabajadores, comunidades, proveedores y el entorno natural—.
El Business Roundtable (EE.UU., 2019) marcó un hito al redefinir el propósito corporativo, afirmando que las empresas deben “beneficiar a todos los grupos de interés, no solo a los inversionistas”. Este cambio cultural, aunque incipiente, refleja una tendencia global hacia la corresponsabilidad empresarial frente a la desigualdad.
Instrumentos de inclusión empresarial
Las empresas pueden combatir la desigualdad desde múltiples frentes:
- Cadenas de valor inclusivas: integrar proveedores locales, emprendedores rurales o cooperativas en los procesos Esto no solo distribuye oportunidades, sino que fortalece economías regionales.
- Empleo digno y equitativo: reducir brechas salariales, promover la igualdad de género y ofrecer condiciones laborales seguras y estables.
- Inversión social estratégica: vincular los programas de responsabilidad social con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), priorizando educación, salud y
- Gobernanza participativa: incluir la voz de trabajadores y comunidades en la toma de decisiones relevantes.
Ejemplos exitosos abundan: Unilever, Natura y Danone han desarrollado modelos de negocio que combinan rentabilidad y equidad social, demostrando que la inclusión no contradice la eficiencia, sino que la potencia.
El caso latinoamericano: brechas que desafían
En América Latina, la informalidad laboral supera el 50%, y el 70% de las microempresas carece de acceso al crédito formal (BID, 2024). Esta exclusión económica perpetúa la vulnerabilidad de millones de familias. En el Perú, los ingresos del 10% más rico son 15 veces mayores que los del 10% más pobre (INEI, 2023).
En este contexto, las empresas tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de liderar estrategias de inclusión económica territorial. Iniciativas como el fortalecimiento de proveedores locales, la capacitación de jóvenes en empleos verdes o la incorporaci ón de criterios sociales en compras públicas y privadas pueden transformar realidades desde el mercado, no solo desde la política pública.
Hacia un modelo de valor compartido territorial
La desigualdad no se resuelve desde los escritorios de las capitales. Se combate en los territorios donde confluyen empresa, Estado y comunidad. Allí se construye la confianza, se genera empleo y se gestan redes productivas que multiplican oportunidades.
Modelos de articulación territorial —como los nodos empresariales o las alianzas multiactor— están demostrando que es posible crear ecosistemas donde la empresa gana competitividad y la comunidad, calidad de vida. No se trata de caridad, sino de estrategia inteligente: ningún negocio prospera en un entorno que fracasa.
Conclusión: prosperidad compartida o inestabilidad permanente
La desigualdad no es inevitable, pero ignorarla tiene costos crecientes. En un mundo interconectado, las brechas sociales no solo afectan a los más vulnerables, sino a toda la economía.
Las empresas del siglo XXI deben asumir que su legitimidad ya no se mide solo por el retorno financiero, sino por su contribución al bienestar colectivo. Generar utilidades sin reducir desigualdades es, en última instancia, un modelo insostenible.
El futuro empresarial dependerá de la capacidad de construir prosperidad compartida. La sostenibilidad económica será social, o simplemente no será.
