La intervención protegerá a más de 800 mil habitantes de La Libertad frente a inundaciones y fenómenos climáticos extremos.
El megaproyecto de infraestructura hidráulica que se ejecuta en las quebradas San Idelfonso y San Carlos, en la región La Libertad, alcanzó un avance físico del 71.62 %, según informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante una visita oficial de inspección. La obra, que busca proteger a la ciudad de Trujillo y zonas aledañas de desbordes e inundaciones provocadas por lluvias intensas, representa una de las principales intervenciones del Estado frente a los efectos del cambio climático en la costa norte.
Durante el recorrido, Arana estuvo acompañado por el gobernador regional César Acuña, ministros de Estado y la gerente general de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). El equipo técnico verificó el desarrollo de las estructuras hidráulicas que canalizarán las aguas de las quebradas hacia el mar, evitando su paso descontrolado por zonas urbanas vulnerables.
Aunque el área de intervención directa beneficiará a unas 70 mil personas, el impacto positivo se extenderá a más de 800 mil habitantes de los distritos de Trujillo, El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora, Moche, Laredo y Víctor Larco Herrera, históricamente afectados por activaciones de quebradas y desbordes del río Moche.
El proyecto contempla la construcción de 61 diques —35 en San Idelfonso y 26 en San Carlos— para reducir la velocidad del caudal y retener sedimentos, así como la instalación de cinco mallas dinámicas en la quebrada Galindo, que tiene valor arqueológico. Una de las piezas clave es un túnel de derivación de 1.5 km que conectará ambas quebradas para optimizar el manejo del flujo.
Además, se construirán 12.85 km de canales de conducción en Laredo y Galindo para llevar las aguas hasta el río Moche, y 17.2 km de defensas ribereñas entre Laredo y La Bocana, que reforzarán la protección ante crecidas extraordinarias.
“El objetivo es que Trujillo cuente con infraestructura resiliente, capaz de enfrentar los desafíos del cambio climático y garantizar la seguridad de su población”, señaló el titular de la PCM.
Esta intervención forma parte de una política de prevención de desastres que, además de proteger vidas, apunta a reducir los costos económicos asociados a emergencias climáticas, especialmente en zonas densamente pobladas del norte peruano.
