SUNAT intensifica controles mientras un sector significativo sigue al margen del cumplimiento tributario. Las consecuencias van mucho más allá de una simple multa.
Un número relevante de empresas en Perú continúa incumpliendo sus obligaciones en materia de Precios de Transferencia, exponiéndose a sanciones que pueden superar los S/120,000, ajustes al Impuesto a la Renta e incluso auditorías fiscales prolongadas. Según datos de TPC Group, aproximadamente el 5% de los contribuyentes obligados no presenta estos reportes, en gran parte por desconocimiento o por falta de preparación interna.
Este 16 de junio comenzó el plazo para presentar las declaraciones juradas informativas correspondientes al ejercicio fiscal 2024. La obligación recae sobre los contribuyentes cuyos ingresos superen las 2,300 UIT (S/11.845.000) y que hayan realizado transacciones con partes vinculadas por montos entre 100 UIT (S/515.000) y 400 UIT (S/2.060.000), conforme al cronograma publicado por SUNAT.
La administración tributaria ha dejado claro que intensificará sus esfuerzos de fiscalización. En lo que va del año, ya ha recuperado más de S/1,200 millones de sectores como minería gracias a procesos de auditoría vinculados a operaciones entre empresas relacionadas. Se espera que esta cifra siga en aumento, en especial con el uso de cruces de información y cartas inductivas.
“No declarar a tiempo no sólo implica pagar una multa: pone en marcha un proceso de fiscalización que puede durar meses o incluso años, afectando gravemente la operatividad, imagen y liquidez de la empresa”, señala Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group, firma especializada en asesoría tributaria internacional.
Vargas advierte que las sanciones económicas son solo una parte del problema. “SUNAT, a través de sus cartas inductivas, otorga plazos de 10 días hábiles para responder, y muchas veces estas comunicaciones dan inicio a auditorías más profundas. Estas cartas deben tomarse como una alerta temprana: quien recibe una, debe asumir que será fiscalizado en el corto plazo”, enfatiza.
Además del impacto económico directo, una fiscalización de este tipo genera un efecto dominó: afecta la moral del equipo, incrementa los costos legales y contables, pone en pausa decisiones estratégicas y daña la confianza de socios financieros y comerciales.Por ello, el especialista recomienda a las empresas:
- Auditar internamente todas las operaciones con partes vinculadas realizadas en 2024, verificando que estén bien documentadas y valorizadas a precios de mercado.
- Controlar periódicamente si se superan los umbrales de ingresos y operaciones, ya que los montos en UIT se actualizan anualmente.
- Diseñar protocolos de respuesta rápida ante requerimientos de SUNAT, con soporte técnico y legal claro, para reducir riesgos de escalamientos innecesarios.
“Cumplir con los reportes de Precios de Transferencia no es sólo una exigencia tributaria, es un blindaje estratégico. Las empresas que lo toman en serio están más protegidas ante contingencias, acceden con mayor facilidad a financiamiento y refuerzan su reputación en el mercado”, concluye Vargas Alencastre.
