El traslado y operación de vagones retirados por contaminación en EE.UU. demandará millones del presupuesto limeño. Críticas apuntan a la baja eficiencia, el impacto ambiental y la falta de transparencia del proyecto.
Una decisión de alto impacto económico y cuestionable retorno: la Municipalidad de Lima invertirá más de 24 millones de dólares en la implementación de un sistema ferroviario a partir de material rodante en desuso, donado por el operador Caltrain desde California. Pese a ser presentado como un proyecto “gratuito”, el costo logístico, operativo y de adecuación será completamente asumido por la comuna capitalina.
La inversión contempla el traslado desde EE.UU., la adaptación técnica y la eventual operación de 93 vagones de dos pisos y 20 locomotoras EMD F40PH-2, con más de 40 años de antigüedad. Estas unidades fueron retiradas por razones ambientales, al no cumplir con los estándares de eficiencia energética y emisión de contaminantes vigentes en Norteamérica.
En este contexto, el viaje de un alto funcionario limeño, Raúl Eduardo Fernández Olivares —jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica—, a San Francisco entre el 18 y 22 de junio ha encendido más alarmas. Su misión será coordinar el embarque del primer lote de trenes, con un gasto de S/ 17,875 (aproximadamente US$ 4,800), incluyendo pasajes y viáticos pagados con fondos públicos.
El embarque inicial, previsto para el 19 de junio desde el puerto de Stockton, incluye 45 vagones y 10 locomotoras. Se espera su arribo al Callao a inicios de julio. Un segundo envío completará la flota. Según la gestión de Rafael López Aliaga, estas unidades serán utilizadas en el Ferrocarril Central para conectar Chosica con el Callao, en dos etapas operativas, atendiendo a más de 1,5 millones de personas en horarios punta.
No obstante, los cuestionamientos se intensifican. Desde California, el senador estatal Dave Cortese denunció que la donación representa una forma de “exportar contaminación” hacia países en desarrollo. A ello se suman reportes gráficos que evidencian el estado de abandono y deterioro de los vagones, lo que podría implicar mayores costos en su rehabilitación.
La municipalidad también ha desembolsado 100 mil dólares para contratar a Rail Electrical Services, una consultora cuya legitimidad ha sido puesta en duda por su falta de actividad verificable en EE.UU. y posibles vínculos con exempleados de Caltrain.
Economistas y urbanistas coinciden en que el proyecto no ha demostrado su viabilidad económica a mediano plazo y carece de estudios independientes que justifiquen el retorno de inversión. Las dudas sobre la eficiencia del gasto público, el impacto ambiental y la sostenibilidad operativa siguen creciendo, mientras el municipio avanza con una inversión millonaria en trenes descartados por obsoletos.
