La Comisión de Economía aprobó prorrogar el beneficio tributario para los depósitos de personas naturales, junto con otras medidas sobre donaciones ante desastres y el sector editorial.
Los intereses de ahorros depositados por personas naturales en bancos y otras entidades financieras continuarían exonerados del impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre de 2029, de prosperar la propuesta aprobada por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso.
La exoneración vigente tiene como fecha de vencimiento el cierre de 2026. Ante la proximidad de ese plazo, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa para extender el beneficio por tres años más, en respuesta a las preocupaciones de los ahorristas y a propuestas legislativas que también planteaban su continuidad.
La aprobación en comisión representa un avance para la prórroga, aunque la medida todavía debe completar el procedimiento legislativo correspondiente para convertirse en ley. Por tanto, la continuidad del beneficio hasta 2029 aún depende de la culminación de ese proceso.
¿Qué pasará con la exoneración de los intereses de ahorros?
La propuesta contempla extender hasta fines de 2029 la exoneración del impuesto a la renta aplicable a los intereses generados por los depósitos de ahorro de las personas naturales.
El beneficio permite que los rendimientos obtenidos por estos depósitos no estén sujetos a dicho tributo. Su eventual ampliación evitaría que los ahorristas comiencen a pagar impuesto a la renta por esos intereses a partir de 2027.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó la aprobación de esta medida como parte de un conjunto de propuestas legislativas vinculadas con la política tributaria y su contribución al desarrollo económico y social.
Las iniciativas aprobadas por la Comisión de Economía también incluyen cambios en los incentivos para las donaciones ante emergencias y el restablecimiento del reintegro tributario del impuesto general a las ventas (IGV) para las empresas editoriales.
¿Qué otros beneficios tributarios fueron aprobados?
En materia de prevención de desastres, la comisión aprobó una propuesta del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 30498 y amplía los incentivos tributarios para las donaciones de bienes y la prestación gratuita de servicios ante situaciones de peligro inminente y desastres naturales.
La medida busca facilitar la participación del sector privado en la atención de emergencias y movilizar recursos para reducir los riesgos y las pérdidas humanas, económicas y sociales, especialmente ante amenazas como el fenómeno El Niño.
«Con ello se busca movilizar oportunamente recursos privados para reducir riesgos y pérdidas humanas, económicas y sociales, especialmente ante la amenaza del fenómeno El Niño», destacó el MEF.
Otra de las propuestas aprobadas contempla restablecer por tres años el reintegro tributario del IGV para las empresas editoriales. Este mecanismo busca aliviar las presiones financieras sobre la producción de libros, promover la formalización y mejorar la trazabilidad de las operaciones en la cadena editorial.
De acuerdo con el MEF, la medida también apunta a fortalecer esta actividad productiva y favorecer el acceso de la población a las publicaciones.
MEF plantea mayores controles sobre los beneficios tributarios
Las propuestas incorporan, además, mecanismos para mejorar la transparencia y supervisión de los beneficios tributarios. Entre ellos figuran mayores obligaciones de información para las entidades beneficiarias y disposiciones para que el MEF, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y los sectores competentes, realice el seguimiento y la evaluación de estas medidas.
Este proceso deberá considerar tanto el costo fiscal de los beneficios como sus resultados, con el propósito de contar con información que permita evaluar su efectividad.
¿En qué consiste el nuevo enfoque para el presupuesto público?
En paralelo, el MEF impulsa la implementación del enfoque de presupuestación top-down, una reforma orientada a ordenar las decisiones de gasto y asignar los recursos públicos de acuerdo con las prioridades nacionales y los objetivos fiscales.
El modelo establece primero un límite máximo de gasto para el sector público. A partir de ese monto, se calculan los recursos necesarios para mantener los servicios y proyectos en ejecución y, posteriormente, se determina si existe espacio fiscal para financiar nuevas prioridades.
Según el ministerio, este mecanismo busca mejorar la previsibilidad del presupuesto, administrar las presiones de gasto y planificar las inversiones públicas, con el objetivo de favorecer la culminación de proyectos y la prestación de servicios a la ciudadanía.
Durante una jornada de presentación y revisión de los avances del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el viceministro de Hacienda, Erick Lahura, resaltó la importancia de contar con un proceso presupuestario más ordenado y predecible, que permita atender las prioridades nacionales sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La reforma está alineada con recomendaciones de la OCDE y forma parte de los cambios que el país impulsa como parte de su proceso de adhesión al organismo.
