La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú exige sustento para la concesión de Talara en plena recuperación de Petroperú y ante los riesgos de El Niño. Solicita al Congreso y la Contraloría fiscalizar el crédito puente, sus costos financieros y el destino de los recursos.
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) exige al Gobierno explicar por qué se impulsa la entrega de la administración de Talara al sector privado cuando Petroperú registra una recuperación de resultados. Al cierre de septiembre de 2026, la empresa reportó una utilidad neta de US$ 144,9 millones, frente a pérdidas de US$ 355 millones un año antes, y un EBITDA de US$ 654 millones.
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó el 7 de noviembre que el Gobierno ha estabilizado Petroperú y que sus primeros resultados son prometedores. Un día antes proyectó que cerrará 2026 con ganancias y señaló como objetivo dejar de depender de recursos estatales. FENPETROL demanda explicar por qué, ante esa recuperación reconocida por el propio ministro, se anuncia la entrega de la administración de Talara.
Recuperación y decisiones sobre Talara
Estos avances no eliminan las dificultades financieras: persiste un capital de trabajo negativo de US$ 1.364,6 millones. Sin embargo, la propia gerencia reconoce que la falta de liquidez restringió el suministro de crudo, la producción y las ventas. FENPETROL considera que la recuperación pudo ser mayor con financiamiento oportuno y demanda investigar si las decisiones y los plazos de ProInversión limitaron la adquisición de materia prima.
Resulta atípico que, mientras se anuncia una concesión de Talara, no se presente una explicación pública coherente sobre su alcance, la deuda y los beneficios para Petroperú. No basta señalar que se conservará la propiedad estatal: entregar la administración y los flujos de un activo estratégico exige sustento técnico, financiero y contractual. Talara es un complejo industrial integrado, dotado de tecnología Flexicoking, cuya reorganización no puede tratarse como una operación inmobiliaria.
La preocupación aumenta ante el fenómeno El Niño y sus riesgos para la infraestructura y el abastecimiento de combustibles. En este contexto de incertidumbre para la seguridad energética nacional, corresponde asegurar reservas, suministro de crudo y continuidad operativa. Anunciar cambios en la administración sin esclarecer sus consecuencias exige una respuesta inmediata del Gobierno.
Resultados y transparencia del financiamiento
Tras cerca de un año del encargo, ProInversión informó la adjudicación de dos inmuebles en agosto: el chalet Paillardelle, en San Isidro, y el ex Petrocentro Cañete, por US$ 1,18 millones en conjunto. Exigimos conocer cuántas ventas y transferencias se concretaron y cuánto ingresó efectivamente a Petroperú. Estos resultados requieren evaluación antes de avanzar hacia la separación de unidades de negocio y la participación privada en activos de mucha mayor complejidad.
También exigimos transparentar el financiamiento anunciado por hasta US$ 500 millones y concretado por US$ 475 millones. ProInversión ha atribuido a costos financieros la diferencia de US$ 25 millones: corresponde publicar contratos, comisiones, honorarios, beneficiarios y comprobantes. Informar que el 57% se destinará a crudo y combustibles, el 30% a obligaciones financieras y el 13% a proveedores no sustituye una rendición de cuentas sobre la ejecución íntegra, los saldos y el cronograma de aplicación.
Deuda y responsabilidad del Estado accionista
Ante las versiones sobre preocupación de bonistas en Estados Unidos por el anuncio de concesión, demandamos publicar las comunicaciones con los acreedores y precisar quién asumirá y atenderá la deuda, con qué flujos y garantías. Asimismo, solicitamos esclarecer si productores de los lotes de Talara están exportando crudo que podría abastecer a Petroperú y si ello obliga a importaciones de mayor costo, mediante información verificable de volúmenes, precios y condiciones comerciales.
FENPETROL expresa, además, su preocupación por la demora del Tribunal Constitucional en resolver la demanda contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, cuya causa, según advierte la Federación, quedó al voto en agosto. Considera que prolongar esta incertidumbre permite continuar aplicando una norma que cuestiona por afectar derechos laborales y facilitar una privatización encubierta y el desmembramiento de Petroperú, con vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ello, exige un pronunciamiento urgente que declare su inconstitucionalidad y proteja los derechos de los trabajadores y la soberanía energética nacional.
El MEF y el Minem, representantes del Estado accionista, deben fijar una posición conjunta que resuelva las contradicciones públicas sobre el futuro de Talara. No pueden dejar esta definición únicamente en declaraciones de ProInversión. FENPETROL exige la intervención del Congreso y la Contraloría, dentro de sus competencias, para fiscalizar el financiamiento, el abastecimiento y la reorganización patrimonial. La recuperación de Petroperú debe fortalecerse con transparencia y decisiones que protejan el patrimonio y la seguridad energética del país.
