Un informe de TRACIT evaluó a siete países de la región y detectó debilidades en el control aduanero, corrupción y vacíos regulatorios que facilitan el contrabando, la falsificación y el lavado de activos.
El comercio ilícito en Centroamérica aprovecha la ubicación estratégica de la región, sus extensas redes comerciales y las debilidades en los controles fronterizos. Así lo advierte el Índice de Comercio Ilícito 2025, elaborado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), que evaluó a siete países centroamericanos e identificó brechas en la aplicación de las leyes, la vigilancia aduanera y la supervisión de las actividades comerciales.
La posición geográfica de Centroamérica, entre Sudamérica, Norteamérica, el Caribe y otros mercados internacionales, favorece el intercambio de mercancías. Sin embargo, el informe señala que estas conexiones también generan oportunidades para el contrabando, la comercialización de productos falsificados y el lavado de activos.
El estudio analiza 158 países mediante 37 indicadores agrupados en seis categorías. Entre los aspectos considerados figuran el entorno económico, el marco regulatorio, la aplicación de la ley, la corrupción, el crimen organizado y los controles sobre las cadenas de suministro.
Comercio ilícito en Centroamérica: Costa Rica lidera la clasificación regional
El índice asigna una puntuación de 0 a 100 a cada país. Un resultado más alto representa una mayor capacidad para resistir el comercio ilícito.
Costa Rica obtuvo el mejor resultado entre los siete países centroamericanos evaluados, con 51,2 puntos y el puesto 68 de la clasificación global. Panamá ocupó el segundo lugar regional, con 49,6 puntos y la posición 81.
En el extremo inferior se ubicó Nicaragua, con 33,3 puntos y el puesto 149 entre los 158 países analizados. El resto de la clasificación regional quedó conformado por El Salvador, con 45,8 puntos y el puesto 96; Belice, con 43,9 puntos y la posición 103; Guatemala, con 43,1 puntos y el puesto 106; y Honduras, con 39,3 puntos y la posición 129.
Los resultados reflejan diferencias en la capacidad institucional para prevenir y combatir las actividades comerciales ilegales. No obstante, el informe identifica problemas comunes que afectan a toda la región, independientemente de la posición que ocupa cada país.
Fronteras vulnerables, corrupción e informalidad
Uno de los principales problemas identificados por TRACIT es la insuficiencia de los controles en las fronteras terrestres, marítimas y fluviales. El documento señala limitaciones en la disponibilidad de escáneres y en el uso de herramientas de análisis de riesgo para inspeccionar las mercancías que ingresan o salen de los países.
A estas dificultades se suman amplias economías informales que pueden facilitar la distribución y comercialización de productos de contrabando y falsificados. La existencia de canales de venta fuera de los circuitos formales complica la trazabilidad de las mercancías y la identificación de sus proveedores.
La corrupción también figura entre los factores que debilitan la respuesta estatal. Según el informe, estas prácticas pueden afectar a las aduanas, las fuerzas de seguridad, las autoridades portuarias y los sistemas judiciales, reduciendo la efectividad de las normas vigentes.
El problema también alcanza al comercio electrónico. El estudio advierte que existen vacíos regulatorios en la supervisión de las plataformas digitales, las ventas por internet y los envíos mediante servicios postales y de paquetería. Estas brechas pueden ser aprovechadas para comercializar productos ilícitos a través de operaciones que resultan más difíciles de fiscalizar.
Zonas francas bajo observación por el contrabando
El informe presta especial atención a la Zona Libre de Colón, en Panamá, y a la Zona Libre de Corozal, en Belice, por los riesgos asociados a sus operaciones comerciales y de reexportación.
En el caso panameño, el documento advierte que la concentración de mercancías y el volumen de las operaciones pueden facilitar la mezcla de productos ilícitos con carga legal. También señala riesgos vinculados con el reempaque de mercancías, la alteración de documentos y certificados de origen, y el lavado de activos mediante prácticas de sobrefacturación o subfacturación.
El informe llega a describir la Zona Libre de Colón como un “Disneyland del contrabando”, una expresión utilizada para ilustrar las vulnerabilidades que atribuye a este espacio comercial.
En Belice, la Zona Libre de Corozal presenta riesgos similares. El estudio cita una estimación según la cual, en 2021, habría existido una diferencia de 5.400 millones de cigarrillos sin contabilizar, frente a un consumo doméstico estimado en apenas 100 millones de unidades.
De acuerdo con el documento, esa brecha apunta a que Belice podría funcionar como un punto de reexportación ilegal de cigarrillos hacia México, Guatemala, Honduras y El Salvador, en lugar de destinar esos volúmenes principalmente a su mercado interno.
Panamá muestra una brecha entre normas y resultados
Pese a ocupar el segundo lugar regional en el índice, Panamá también presenta desafíos en la aplicación efectiva de sus controles contra el lavado de activos.
Según el informe, el país alcanza un 75% de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero la eficacia práctica de su implementación llega solo al 30%.
La diferencia evidencia que contar con normas y procedimientos formales no garantiza por sí mismo resultados efectivos. Para reducir los riesgos asociados al comercio ilícito, el desafío consiste también en fortalecer la supervisión, mejorar los controles operativos y asegurar que las disposiciones vigentes se apliquen de manera efectiva.
En conjunto, los resultados del índice muestran que las vulnerabilidades del comercio ilícito en Centroamérica no responden únicamente a la ubicación geográfica de la región. También están relacionadas con la capacidad de las instituciones para controlar las mercancías, fiscalizar las operaciones comerciales y combatir la corrupción y las redes criminales.
