La concesión de un predio de más de mil metros cuadrados en Torres de Limatambo venció el 31 de agosto, pero una medida cautelar mantiene paralizado el proceso de restitución.
La Municipalidad de San Borja inició acciones legales y sociales para recuperar un terreno público de más de mil metros cuadrados ubicado en las Torres de Limatambo, cuyo contrato de concesión con la Clínica de Especialidades Médicas Universal S.A. culminó el pasado 31 de agosto, luego de 30 años de vigencia.
El procurador municipal de San Borja, Freddy Cruces, señaló que, al haberse extinguido el contrato suscrito en 1996, la clínica habría perdido el título que sustentaba su permanencia en el predio. Bajo esa posición, la comuna considera que el establecimiento pasó a tener la condición de ocupante precario y corresponde que el inmueble sea restituido.
Municipalidad cuestiona pagos por el uso del predio
Uno de los puntos que la comuna ha puesto bajo cuestionamiento es el esquema económico aplicado durante la concesión. Según la municipalidad, la clínica amplió sus servicios comerciales y de atención, incluyendo farmacia, internamiento y emergencias, mientras mantenía un pago equivalente al 5% por las consultas ambulatorias.
La comuna sostiene que este esquema representaba alrededor de S/ 40 mil mensuales por el uso de un terreno municipal de más de mil metros cuadrados. A ello se suma el reclamo de vecinos por el costo de las consultas ambulatorias, que asciende a S/ 80, una tarifa que consideran elevada frente a otros servicios médicos municipales de Lima.
Medida cautelar mantiene paralizado el desalojo
El proceso de restitución enfrenta ahora un obstáculo judicial. La empresa concesionaria acudió al Poder Judicial y obtuvo una medida cautelar que impide, por el momento, que la Municipalidad de San Borja concrete la recuperación del inmueble y asuma la gestión del establecimiento de salud.
La resolución fue emitida por el juez comercial Juan Varillas Solano. De acuerdo con la información proporcionada por la municipalidad, el magistrado fue suspendido recientemente durante seis meses por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial por faltas en el ejercicio de sus funciones.
Municipalidad cuestiona resolución judicial
La Procuraduría de San Borja sostiene que existen aspectos que deben ser revisados en la medida cautelar. Entre ellos, menciona el tiempo en que fue aprobada, que habría sido inferior a siete días hábiles, así como determinados términos incluidos en el documento.
La comuna también cuestiona que la resolución haya limitado de manera indefinida sus facultades de fiscalización sobre el establecimiento. Por ello, la procuraduría municipal anunció que buscará dejar sin efecto la medida en las instancias judiciales correspondientes.
El caso mantiene enfrentados a la Municipalidad de San Borja y la empresa concesionaria por el control y uso de un predio público cuya concesión terminó después de tres décadas. La controversia deberá resolverse ahora en el ámbito judicial.
