La salida simultánea de cuatro directores reabrió el debate sobre la gobernanza, la viabilidad de Talara y los ajustes urgentes que definirán el futuro de la estatal.
Un directorio que cambia otra vez
La renuncia de cuatro integrantes del Directorio, incluido el presidente Fidel Moreno, expuso una nueva señal de inestabilidad interna. La Junta General de Accionistas aprobó una recomposición inmediata con facultades especiales autorizadas por la Ley 32103 y el Decreto de Urgencia 004 2024. Aunque el procedimiento es legal, amplificó la percepción de desgaste institucional en la estatal.
Una empresa atrapada en rotaciones sucesivas
Desde 2020 Petroperú ha tenido nueve presidentes, una rotación que ha impedido mantener una estrategia de largo plazo. Luis Alberto Canales asumió la presidencia en medio de dudas sobre el peso técnico del nuevo directorio. Especialistas como Aurelio Ochoa advierten que el conocimiento sectorial de Canales no basta para enfrentar los retos urgentes, como cumplir los compromisos del Decreto de Urgencia 013 2023 o recuperar la confianza de inversionistas que se han alejado por la inestabilidad, entre ellos Aramco.
¿Quién es Luis Alberto Canales?
Canales es ingeniero petrolero formado en la UNI y con experiencia en Talara, Petroperú y empresas privadas del sector. Ha liderado gremios locales y posee un alto conocimiento del sistema de hidrocarburos. Su capacidad de gestión será clave para estabilizar a una empresa presionada por deuda, pérdida de mercado y costos crecientes.
Ajustes urgentes para aliviar la presión financiera
Los especialistas coinciden en que Petroperú necesita medidas inmediatas. Ochoa plantea acelerar la venta de activos prescindibles a través de ProInversión, con una recaudación estimada entre cuatrocientos y quinientos millones de dólares que no resuelve la crisis, pero enviaría una señal de orden. También insiste en que el Estado debe devolver más de cuatro mil millones de soles del IGV de la selva y entre cien y doscientos millones del Fondo de Estabilización de Combustibles para que la empresa pueda garantizar créditos de corto plazo. Otro punto crítico es el Oleoducto Norperuano, cuyo mantenimiento anual bordea los ciento veinte millones de dólares y que, según Ochoa, debe ser asumido por el Ministerio de Energía y Minas porque no es un activo de Petroperú.
Costos que ahogan la operación
Ricardo Bisso explica que el costo de ventas se lleva el noventa por ciento de los ingresos debido a la alta dependencia de importaciones. En Petroperú pesan además los compromisos financieros asociados a Talara. El margen se reduce cuando el precio internacional cae, ya que las normas contables obligan a reconocer pérdidas por el desfase del precio de compra. Por ello plantea cuatro correcciones inmediatas: optimizar compras con proyección de precios, usar Bayóvar como hub energético, reducir mermas equivalentes al uno por ciento del volumen importado y separar la carga financiera del Oleoducto Norperuano.
Producción en caída y un sector que no despega
El Perú produce ochenta mil barriles diarios menos que en 1994. Los campos 192, 8 y X, históricamente los más relevantes, están prácticamente paralizados. Hoy solo dos lotes concentran cerca del setenta por ciento de la producción total. No hay nuevos contratos de exploración, las reservas caen y la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos sigue archivada. La volatilidad política y la alta rotación de ministros han limitado la capacidad de atraer inversión sostenida.
Un futuro que depende de decisiones de fondo
La Refinería de Talara es vista como la pieza clave para la recuperación operativa. Si su unidad de Flexicoking funcionara al máximo, el país reduciría la importación de setenta mil barriles diarios de combustibles. Sin embargo, las fallas técnicas han elevado los costos de operación. Pese a ello, la producción de combustibles ha aumentado en los últimos años y ha reducido algunas importaciones. Ochoa y Bisso coinciden en que Talara es un activo moderno que puede sostener a la empresa una vez superada la crisis financiera. Señalan además que la aseguradora no ha reconocido siniestros cercanos a cuatrocientos millones de dólares, lo que requiere intervención del MEF a través de la SBS.
La gran interrogante es si el Gobierno tomará las decisiones estructurales que requiere el sector o si el país deberá esperar al siguiente periodo para retomar el camino de estabilidad y competitividad energética.
