Desde el 17 de noviembre, las empresas con ingresos superiores a 100 UIT deberán presentar la declaración jurada del beneficiario final; el incumplimiento puede generar sanciones de hasta S/ 267,500.
Qué es la declaración del beneficiario final
La obligación de declarar al beneficiario final, vigente desde 2019, busca identificar a las personas naturales que ejercen control efectivo o se benefician económicamente de personas jurídicas o entes jurídicos. “El objetivo es garantizar que el Estado conozca quién está detrás de cada empresa, combatiendo la elusión y asegurando trazabilidad empresarial”, explica Sofía Chirinos, abogada de Editorial Economía y Finanzas (EEF). Esta medida forma parte de los estándares internacionales contra la evasión tributaria y contribuye a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Nuevos plazos según ingresos
De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 000168-2025/SUNAT:
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Del 17 al 24 de noviembre de 2025 deben declarar las empresas con ingresos superiores a 100 UIT (S/ 515,000).
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Del 16 al 23 de enero de 2026, las empresas con ingresos entre 50 y 100 UIT.
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Entre agosto y diciembre de 2026, los tramos de 10 a 25 UIT.
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Las empresas que no estén en estos tramos deberán declarar hasta la fecha de vencimiento correspondiente al periodo de noviembre de 2026, según su inscripción en el RUC.
Multas y beneficios de subsanación
El incumplimiento puede generar multas de hasta 0,6% de los ingresos netos, no menor a 5 UIT (S/ 26,750) ni mayor a 50 UIT (S/ 267,500). La misma sanción aplica si la declaración se presenta incompleta o con información incorrecta. Sin embargo, existe un beneficio del 100% si la omisión se corrige voluntariamente antes de recibir requerimientos de la SUNAT.
Responsabilidad de los representantes legales
La responsabilidad solidaria recae también sobre los representantes legales de las empresas. “El Código Tributario establece que ante dolo, negligencia grave o abuso de facultades, el representante legal puede ser sancionado solidariamente hasta por el monto de las deudas relacionadas con la presentación de la declaración del beneficiario final”, advierte Chirinos.
La declaración del beneficiario final es una obligación que busca transparencia fiscal y protección contra prácticas ilegales. Las empresas deben gestionar esta presentación de manera anticipada para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
