El Consejo Directivo del regulador cuestionó la metodología usada para fijar la TUUA de transferencia y pidió un nuevo estudio que compare tarifas con otros aeropuertos de la región.
Discrepancias en el cálculo tarifario
El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) decidió, por mayoría, rechazar la metodología utilizada para calcular la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
El cobro, previsto para entrar en vigor el 7 de diciembre, establecía una tarifa de US$12,67 para pasajeros en conexión internacional y de US$8,01 para los de conexión nacional. Dichas cifras habían sido aprobadas en junio por la entonces presidenta del regulador, Verónica Zambrano, cuando aún no existía quórum en el Consejo Directivo.
Impacto en la competitividad del aeropuerto
Durante la sesión extraordinaria del 13 de octubre, los consejeros Claudia Salaverry y Javier Masías votaron en contra de la metodología técnica, argumentando que la TUUA de transferencia podría afectar la competitividad del aeropuerto frente a otros hubs regionales.
Según los consejeros, mantener tarifas unificadas demasiado altas podría desalentar a aerolíneas y pasajeros de conexión, impactando la posición estratégica del Jorge Chávez como centro de conexiones.
Nueva evaluación y revisión de costos
Ante las observaciones, el Consejo Directivo solicitó un nuevo informe técnico que incorpore una metodología comparativa o benchmarking, tomando como referencia aeropuertos de características similares en América Latina.
Además, la mayoría del Consejo consideró que no existe una justificación clara para el cobro de esta tarifa adicional, ya que los costos alegados por Lima Airport Partners (LAP) podrían estar cubiertos por la TUUA de origen que los pasajeros ya pagan.
Cuestionamientos a la adenda y rol del MTC
Los consejeros también pidieron revisar la Adenda N.º 6 del contrato de concesión, firmada en 2013 entre LAP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que introdujo el cobro de la TUUA de transferencia.
Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), recordó que el propio Ositran había mostrado su desacuerdo con esa adenda desde su origen, señalando que afectaría el equilibrio de competencia en el sector aéreo.
Postura del concesionario y pedido de imparcialidad
Por su parte, Juan José Salmón, CEO de LAP, sostuvo que el concesionario tiene derecho a cobrar la tarifa para recuperar la inversión en infraestructura y servicios que ya se ofrecen a los pasajeros. Sin embargo, los consejeros propusieron que una institución académica independiente, como la Universidad ESAN o la Universidad del Pacífico, evalúe la pertinencia del cobro y la metodología empleada.
El objetivo, remarcaron, es garantizar la transparencia del proceso y la neutralidad técnica de la decisión final.
Falta de quórum y consecuencias institucionales
El caso se agrava por la situación de gobernanza del propio Ositran. El organismo permaneció sin quórum en su Consejo Directivo desde noviembre de 2023 hasta abril de este año, cuando se incorporaron los nuevos miembros Salaverry y Masías.
En ese periodo, Verónica Zambrano emitió resoluciones sin el quórum reglamentario, motivo por el cual el congresista Wilson Soto presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presunta usurpación de funciones. El proceso continúa en investigación.
Revisión pendiente y próximos pasos
Actualmente, el Consejo tiene pendiente pronunciarse sobre la nueva metodología de cálculo. No existe un plazo formal, pero sí un sentido de urgencia, ya que la definición de la tarifa afecta la negociación entre el MTC y LAP.
Si se confirma que el cobro constituye una duplicidad o se determina un monto menor, el Estado podría reducir significativamente los pagos compensatorios al concesionario. Mientras tanto, LAP anunció que postergará el inicio del cobro hasta el 7 de diciembre, en espera de que el MTC modifique el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil para garantizar mayor transparencia tarifaria.
