Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, señala que el Perú enfrenta un punto de no retorno si el Congreso y el Ejecutivo no detienen la aprobación de leyes con alto costo fiscal.
Por primera vez en su historia, los cinco miembros del Consejo Fiscal ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. El mensaje fue contundente: el país está en riesgo de entrar en una “fase terminal” si no se corrige el rumbo fiscal. El organismo advirtió sobre el impacto de 229 leyes ya aprobadas con alto costo fiscal y 352 proyectos en curso que agravarían la situación.
En entrevista con La República, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, explicó que el origen del problema está en un cambio de interpretación del Tribunal Constitucional (TC) sobre el artículo 79 de la Constitución. Esta decisión permitió que el Congreso se sienta libre de aprobar beneficios y exoneraciones tributarias sin control, mientras el Ejecutivo optaba por no observar más de la mitad de esas iniciativas. “La excepción pasó a convertirse en regla”, afirmó Segura.
El exministro de Economía subrayó que el Consejo Fiscal se vio obligado a actuar con más firmeza. “No podíamos seguir analizando norma por norma o advirtiendo de forma general. Era indispensable enviar un mensaje mucho más directo”, sostuvo. El llamado, según dijo, está dirigido a las tres instituciones responsables de revertir la tendencia: el Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional.
Perspectiva económica
El Consejo Fiscal advirtió que la sostenibilidad de las finanzas públicas se encuentra en riesgo si continúan las medidas populistas que debilitan la base tributaria. Las proyecciones muestran que, de no revertirse la tendencia, el déficit fiscal podría volverse estructural, comprometiendo la estabilidad macroeconómica en la próxima década.
Análisis
La advertencia del Consejo Fiscal representa uno de los llamados más duros desde su creación. El desafío no solo es técnico, sino político: implica poner freno a una práctica extendida de beneficios particulares que erosionan la capacidad del Estado para financiar políticas públicas sostenibles.
