La Municipalidad de Lima inauguró una ruta gratuita que conecta Ate, La Molina y Santa Anita, pese a una orden del CIADI que prohibía su apertura. El caso podría escalar a un nuevo arbitraje internacional.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inauguró una nueva vía alterna a la Vía de Evitamiento, que permitirá a los conductores desplazarse entre Ate, La Molina y Santa Anita sin pagar peaje. La obra, de alrededor de 200 metros lineales, forma parte de un proyecto mayor de 470 metros y busca ofrecer una conexión directa entre la avenida Separadora Industrial y la Vía de Evitamiento.
Según la comuna limeña, la intervención se enmarca en los trabajos de recuperación de vías públicas que estaban ocupadas por construcciones ilegales, incluyendo antiguas oficinas de EMAPE, que impedían el libre tránsito. Con la apertura de este tramo, se espera descongestionar el tránsito de Lima Este y reducir la dependencia del peaje ubicado en la zona.
Un proyecto urbano con enfoque metropolitano
La nueva vía se integra al futuro anillo vial metropolitano, que pretende conectar los principales ejes de tránsito de la capital. Además de mejorar la fluidez vehicular, el proyecto contempla la recuperación de 22,000 m² de espacio público, la rehabilitación de 7,000 m² de pistas y veredas y la implementación de áreas verdes para la zona.
Un conflicto con Lima Expresa y el CIADI
Sin embargo, la inauguración ha generado una controversia legal. La concesionaria Lima Expresa, responsable de la Vía de Evitamiento y parte del proyecto Línea Amarilla, denunció que la apertura desacata una orden del tribunal internacional de arbitraje del CIADI, que había dispuesto al Estado peruano —incluyendo a la MML, EMAPE y el municipio de La Molina— no habilitar la vía al considerarla ilegal.
La empresa sostiene que el terreno usado forma parte de los activos bajo concesión y que la decisión de la Municipalidad viola las obligaciones contractuales establecidas con el Estado. También advierte que el proyecto carece de sustento técnico, aumenta los riesgos viales y podría bloquear futuras obras privadas, como la modernización del peaje de Monterrico.
Riesgo de arbitraje y lecciones para la inversión
De confirmarse el incumplimiento de la orden arbitral, el Perú podría enfrentar un nuevo proceso internacional con costos millonarios. Este caso revive el debate sobre la seguridad jurídica en las concesiones públicas y la necesidad de una coordinación institucional clara entre gobiernos locales y el Estado central en proyectos de infraestructura urbana.
