El Gobierno peruano autorizó oficialmente a Southern Perú Copper Corporation a comenzar la fase de explotación del proyecto cuprífero Tía María, en Arequipa, tras cumplir los requisitos legales y ambientales.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) otorgó la autorización de inicio de actividades de explotación a Southern Perú Copper Corporation, subsidiaria del Grupo México, para desarrollar el proyecto Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. La resolución, difundida por Ojo Público, marca un hito clave para la minería del cobre en Perú, uno de los mayores proyectos pendientes del país.
La inversión estimada asciende a US$ 1,800 millones, con una producción anual proyectada de 120,000 toneladas de cobre a partir de 2027. La autorización abarca los derechos mineros Chanca 919, Malena I, Malena III, Tía María 18, Tía María 19, Tía María 2 y Tía María 8.
Cumplimiento ambiental y legal
La Dirección General de Minería verificó que la empresa presentó toda la documentación exigida en el Reglamento de Procedimientos Mineros (DS 020-2020-EM) y acreditó la propiedad del terreno superficial donde se realizarán las operaciones.
El proyecto cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde 2014 y la conformidad del primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) emitido por Senace en 2021. Además, la resolución confirma que no se requiere consulta previa, al no existir pueblos indígenas u originarios en el área de influencia directa, según el Informe 1216-2025-MINEM-DGM/DGES.
Supervisión y fiscalización
La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones ambientales, laborales y de seguridad recaerá en varias entidades estatales: Osinergmin, OEFA, Sunafil, Senace y Sucamec, que deberán coordinar las acciones de control durante el desarrollo del proyecto.
Un proyecto emblemático y controversial
Tía María ha sido, durante más de una década, uno de los proyectos mineros más debatidos del país por su impacto ambiental y social en el Valle de Tambo. Sin embargo, el potencial económico es considerable: además de generar miles de empleos directos e indirectos, el proyecto fortalecería la producción cuprífera nacional, que representa uno de los principales motores de las exportaciones del Perú.
La decisión del Gobierno representa un paso decisivo hacia la reactivación de la gran minería y reabre el debate sobre cómo equilibrar desarrollo, sostenibilidad y consenso social en torno a los megaproyectos extractivos.
