El Gobierno Regional del Callao mantiene paralizado un proyecto educativo que debía ejecutarse desde 2021. La falta de expediente técnico pone en riesgo la viabilidad de la obra y compromete la eficiencia del gasto público.
La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno Regional del Callao no ha culminado el expediente técnico del proyecto de mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, en Ventanilla. La inversión, valorizada en S/ 13,5 millones, obtuvo viabilidad en marzo de 2021; sin embargo, más de cuatro años después, el documento clave sigue pendiente, lo que impide ejecutar la obra.
Retraso que compromete la inversión pública
El plan tenía como objetivo mejorar las condiciones educativas para 1.360 alumnos, pero la falta de expediente técnico bloquea la transición hacia la etapa de ejecución. Esta situación refleja un patrón recurrente en la gestión pública: proyectos viables que no llegan a concretarse por falta de planificación técnica.
De acuerdo con el Informe de Hito de Control n.° 026-2025-OCI/5355-SCC, la elaboración del expediente sigue observada por incumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones. La comisión de control advirtió que, mientras no se subsanen estas observaciones, la inversión permanecerá paralizada y en riesgo de perder vigencia.
Un costo económico de la ineficiencia
La Contraloría subrayó que los retrasos no solo afectan la oferta educativa en Ventanilla, sino que también implican un costo económico directo para el Estado:
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Capital inmovilizado en un proyecto que no avanza.
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Riesgo de caducidad de la viabilidad, lo que obligaría a reiniciar procesos y elevar los costos administrativos.
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Impacto negativo en la eficiencia del gasto público, al no traducirse en infraestructura tangible ni en mejoras de capital humano.
Llamado a medidas correctivas
El órgano de control notificó al Gobierno Regional del Callao la necesidad de adoptar medidas inmediatas para garantizar la continuidad del proyecto y evitar la pérdida de recursos. La situación plantea nuevamente el desafío de cómo lograr que la inversión pública cumpla con los plazos y estándares técnicos que aseguren su retorno económico y social.
