El Gobierno argentino lanzó el proceso de concesión de la empresa estatal, con el objetivo de atraer operadores privados y reducir la intervención estatal en la red vial nacional.
El Ministerio de Economía de Argentina dispuso formalmente el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra alrededor de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida, publicada en la Resolución 1284/2025 del Boletín Oficial el 1 de septiembre, marca un avance en la política de privatizaciones impulsada por la administración de Javier Milei.
El proceso se realiza en el marco de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, y los decretos 695/2024 y 97/2025, que establecen los lineamientos para la privatización de la compañía. La gestión estará a cargo del Ministerio de Economía, con la intervención de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
El objetivo central es la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes, la concesión de los corredores viales a nuevos operadores privados y la posterior disolución de la empresa estatal. La Secretaría de Transporte deberá realizar un inventario de los bienes de la compañía, elaborar la documentación necesaria para la extinción de contratos y proponer la nueva conformación de los tramos de la red vial.
El procedimiento de licitación y adjudicación de las concesiones se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, mientras que la Unidad Ejecutora coordinará la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación de la obra pública por peaje y la tasación de los bienes de la empresa, a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otro organismo público.
La resolución establece un plazo de doce meses desde la entrada en vigencia de la medida para completar la concesión de los tramos de la red vial y la disolución de Corredores Viales S.A. El proceso refleja la política más amplia del Gobierno argentino de transformar y reducir la participación estatal en empresas públicas, mediante intervenciones, liquidaciones, fusiones, escisiones o venta de acciones.
La privatización abre la puerta a la participación de operadores privados nacionales e internacionales en la gestión de rutas y autopistas bajo el régimen de obra pública por peaje, generando un impacto significativo en la administración de la red vial y en la estructura del sector público.
