La provincia de La Convención, pese a tener uno de los montos más altos del país para ejecutar proyectos bajo el mecanismo OxI, ha adjudicado apenas S/ 113 millones en 17 años.
La provincia de La Convención, en Cusco, tiene uno de los mayores potenciales financieros del país para desarrollar infraestructura mediante Obras por Impuestos (OxI), pero su nivel de ejecución es mínimo. Según datos actualizados de ProInversión, los 18 gobiernos locales de esta provincia cuentan con un tope conjunto de S/ 3,720 millones para desarrollar proyectos públicos bajo esta modalidad. Sin embargo, desde la creación del mecanismo en 2009, apenas se han adjudicado inversiones por S/ 113 millones.
El caso más llamativo es el de la Municipalidad Distrital de Megantoni, que tiene disponibles S/ 1,064 millones —el tope más alto del país a nivel distrital— pero no figura entre las entidades que hayan concretado inversiones bajo este esquema. Solo cuatro municipalidades han ejecutado proyectos: Pichari (S/ 60 millones), Echarati (S/ 35 millones), Kimbiri (S/ 14 millones) y el Gobierno Regional de Cusco (S/ 4 millones), sumando entre todas apenas 11 intervenciones.
Esta baja ejecución contrasta con el enorme potencial de la zona, dado que los fondos provienen principalmente del canon y regalías generados por la explotación del Gas de Camisea, que aporta cuantiosos recursos fiscales a los distritos involucrados. A nivel nacional, Megantoni, Pichari, Kimbiri y Echarati lideran los topes CIPRL para ejecutar Obras por Impuestos, pero no en términos de resultados.
Según ProInversión, actualmente se han priorizado 29 proyectos en la provincia para ser ejecutados vía OxI, de los cuales uno ya está en etapa de convocatoria (por S/ 9 millones) y otros tres se encuentran en fase de actos previos. Además, tres municipalidades —La Convención, Pichari y Quellouno— vienen impulsando otras nueve iniciativas por un valor conjunto de S/ 131 millones, a la espera de empresas interesadas en ejecutarlas.
“Obras por Impuestos permite que las municipalidades atiendan hoy necesidades urgentes en salud, educación, seguridad o transporte, pagando la obra en los años siguientes. Es una herramienta eficaz, rápida y menos vulnerable a la corrupción”, explicó Néstor Díaz, coordinador regional sur de ProInversión. El mecanismo también cuenta con participación de la Contraloría y no implica transferencias directas de dinero, lo que reduce riesgos en la ejecución.
La entidad promueve que las autoridades locales, especialmente en regiones con alta disponibilidad fiscal como La Convención, aceleren los procesos de formulación técnica y priorización de proyectos. La articulación entre gobiernos locales y empresas privadas es clave para que el desarrollo no se quede solo en cifras disponibles, sino en obras concretas para la ciudadanía.
