Entre 2023 y 2025, el Perú ha perdido S/ 7.500 millones por evasión tributaria en minería informal. El Ejecutivo convoca una mesa nacional para enfrentar el problema.
La minería ilegal no solo devasta ecosistemas y comunidades: también representa una pérdida millonaria para las arcas del Estado. Según informó la presidenta Dina Boluarte, entre 2023 y lo que va de 2025, el país ha dejado de recaudar S/ 7.500 millones en tributos como consecuencia directa de esta actividad informal. Recursos que podrían haberse destinado a infraestructura pública y servicios esenciales en educación, salud o transporte.
En ese marco, el Ejecutivo instaló este lunes una mesa de trabajo nacional para avanzar en una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal, que permita ordenar, fiscalizar y formalizar una actividad que tiene fuerte presencia en regiones como Arequipa, Madre de Dios, La Libertad, Apurímac y Ayacucho. La agenda incluye tres objetivos clave: establecer un proceso de formalización para más de 31.500 registros, garantizar derechos laborales a los trabajadores mineros, y redactar un marco legal que combine productividad con protección ambiental.
A la mesa han sido convocados representantes del Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, gremios mineros, la SNMPE, el Instituto de Ingenieros de Minas y la Comisión de Energía y Minas del Parlamento. La presidenta subrayó que el desarrollo minero debe darse dentro del marco legal para generar aportes reales al país y no perpetuar circuitos informales que alimentan la evasión, la inseguridad y el deterioro ambiental.
El encuentro también contó con la participación de ministros clave del gabinete: Interior, Defensa, Justicia y el presidente del Consejo de Ministros. Con ello, el Gobierno intenta articular una respuesta multisectorial ante un fenómeno que no solo mina los ingresos fiscales, sino también el tejido social y la gobernabilidad en distintas zonas del país.
