Solo 31.500 podrán continuar el proceso hasta diciembre de 2025. El Ejecutivo cierra filas contra la informalidad y exige al Congreso aprobar la nueva Ley MAPE.
En un giro clave para el proceso de formalización minera en el Perú, la presidenta Dina Boluarte anunció la exclusión definitiva de más de 50.000 mineros del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), tras haber incumplido con los requisitos mínimos por más de cuatro años. Esta medida, que marca un punto de inflexión en la política minera nacional, llega en un momento de tensión creciente, con bloqueos de carreteras y protestas en diversas regiones del país.
“De los más de 50.000 registros, son 45.000 los que llevan más de cuatro años incumpliendo las condiciones básicas. Algunos incluso estarían implicados en actividades ilícitas. No vamos a ceder a chantajes”, afirmó Boluarte, quien además instó al Congreso a aprobar de manera urgente la nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
Actualmente, solo 31.500 mineros que sí cumplieron con los requisitos técnicos y legales seguirán dentro del cronograma que culmina en diciembre de 2025. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), este grupo deberá completar cinco etapas adicionales, incluyendo contratos de explotación, formalización laboral y adecuación a estándares de seguridad y salud ocupacional.
El Gobierno busca reestructurar el sector a través de incentivos económicos y técnicos. El ministro Jorge Montero informó que los nuevos mineros formales serán integrados a un “Fondo Minero”, con acceso a líneas de crédito preferenciales y asistencia para mejorar su competitividad.
En paralelo, el Ejecutivo denunció que entre los excluidos del REINFO existía una red de alquiler de registros para actividades de extracción ilegal, especialmente de oro con destino a Bolivia y Ecuador. “Se usaban armas más sofisticadas que las de nuestra PNP”, alertó Boluarte, al recordar casos como los enfrentamientos en Pataz.
La urgencia por aprobar la Ley MAPE responde no solo a la necesidad de ordenar el sector, sino también a la importancia económica de la pequeña minería en diversas regiones del país. Según datos oficiales, esta actividad representa una fuente clave de empleo y dinamismo económico local, pero también uno de los principales focos de informalidad.
