El holding anunció acciones legales contra la administración tributaria por un caso que ya había sido cerrado, alegando arbitrariedad y riesgo para la inversión en el Perú.
El holding financiero peruano Credicorp anunció que iniciará un proceso de reclamación legal contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), tras recibir una notificación por supuesta elusión tributaria en operaciones realizadas en 2018 y 2019. El conflicto gira en torno a la compra de acciones del BCP por parte de Grupo Crédito a Credicorp, transacciones que, según la empresa, estuvieron exoneradas del impuesto a la renta conforme al marco legal vigente.
La Sunat, sin embargo, ha reabierto el caso y plantea el cobro de más de US$ 422 millones entre tributos e intereses. Según Credicorp, esto constituye un cambio arbitrario en criterios previamente zanjados, ya que el propio Comité Revisor del organismo descartó en 2023 que existiera simulación en las operaciones. La empresa alega que la entidad tributaria incurre en una contradicción legal que vulnera el principio de seguridad jurídica, con implicancias serias para la estabilidad del mercado de capitales peruano.
“Hoy es Credicorp, mañana puede ser cualquier empresa o persona”, escribió el CEO del holding, Gianfranco Ferrari, en un mensaje público que resume el malestar del grupo con lo que considera un cambio retroactivo en las reglas del juego. La transacción —asegura Credicorp— fue real, comunicada y autorizada por la SMV y la SBS, además de registrada ante Cavali, cumpliendo con todos los requisitos para ser exonerada del tributo.
Desde la Sunat no se han emitido comentarios oficiales hasta el momento, pero fuentes vinculadas al proceso afirman que el nuevo cuestionamiento se fundamenta en indicios de simulación económica, pese a que esta tesis fue descartada por el propio ente fiscal en el pasado. Frente a este escenario, el holding confirmó que presentará un recurso administrativo, y que judicializará el caso ante el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial si es necesario.
El impacto no es solo jurídico. Ejecutivos de diversas filiales del grupo —incluyendo BCP, Prima AFP y Credicorp Capital— han advertido que el proceder de la Sunat podría minar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. “Esto es un golpe a la institucionalidad”, declaró el CFO del grupo, Alejandro Pérez, en entrevista con El Comercio. Voceros coinciden en que se trata de una señal negativa para el mercado de valores y para el marco regulatorio peruano.
En un contexto donde la atracción de inversión privada es clave para la recuperación económica del país, la controversia entre Credicorp y la Sunat vuelve a colocar en primer plano el debate sobre la seguridad jurídica, la predictibilidad normativa y el rol de las entidades fiscalizadoras en el Perú. Más allá del caso puntual, el desenlace de este conflicto podría sentar un precedente relevante para futuras operaciones corporativas y para la percepción de riesgo regulatorio en el entorno empresarial nacional.
