El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. (STAPP), en atención a la nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas titulada “MEF: Reestructuración de Petroperú la fortalecerá y protegerá la seguridad energética nacional”, manifiesta lo siguiente, punto por punto:
-
“La reestructuración fortalecerá y protegerá la seguridad energética nacional”
El STAPP comparte el objetivo de preservar la continuidad operativa y la seguridad energética. Sin embargo, el fin no justifica el medio: cualquier “reestructuración” debe respetar el marco constitucional y societario aplicable a una sociedad anónima como PETROPERÚ S.A. Una medida que invada competencias de sus órganos (JGA, Directorio y Gerencia) debilita la empresa, eleva incertidumbre y golpea confianza. -
“Ordenar la situación financiera, salvaguardar activos del Estado y garantizar abastecimiento”
Si el MEF afirma que “ordenará” estructuralmente la situación financiera, corresponde precisar qué medidas concretas se adoptarán, con sustento técnico verificable, análisis de impactos y cronograma.
Asimismo, “salvaguardar activos” debe implicar reglas claras de protección patrimonial, control, valorización y transparencia. La garantía de abastecimiento exige asegurar operación, logística, contratos y cadena de pagos, sin improvisaciones normativas. -
“Sin afectar los derechos laborales”
El respeto a derechos laborales no puede quedarse en una frase. Debe traducirse en cláusulas explícitas que garanticen: estabilidad conforme a ley, respeto de convenios colectivos, debida motivación de decisiones, y prohibición de medidas arbitrarias. El STAPP exige que cualquier norma incluya salvaguardas expresas y mecanismos de vigilancia y cumplimiento. -
“Revisión integral de líneas de actividad… priorizar estratégicas”
Evaluar líneas de negocio es una atribución propia de la gestión empresarial, pero debe hacerse desde la gobernanza corporativa, con información completa, criterios técnicos, y con enfoque país. Un “reordenamiento” sin metodología pública puede abrir espacio a decisiones discrecionales que afecten activos estratégicos, integración operativa y sostenibilidad. -
“Mecanismos para una gestión más eficiente… incluyendo participación de inversionistas privados”
Esta afirmación exige máxima claridad. “Participación privada” puede encubrir esquemas de desnaturalización del rol estratégico, transferencia de rentas, pérdida de control operativo o afectación patrimonial indirecta.
El STAPP demanda que cualquier mecanismo preserve propiedad y control del Estado en activos estratégicos, tenga procesos competitivos, transparentes y auditables, prohíba condiciones que comprometan la continuidad operativa o la seguridad energética, se discuta con información completa, sin atajos normativos. -
“Problemas de solvencia, falta de liquidez y riesgo de incumplimiento”
La situación financiera requiere acciones serias y responsables. El STAPP coincide en que se necesita una ruta de sostenibilidad; por ello exigimos un plan integral que incluya medidas de eficiencia, gobernanza, gestión de caja, continuidad operativa, priorización de inversiones y fortalecimiento de controles. La solución no puede ser un paquete de medidas excepcionales sin rendición de cuentas ni responsables identificados. -
“Entre 2022 y 2024 el Estado comprometió S/ 17 888 millones… y en 2025 se honraron garantías por aprox. US$ 900 millones”
Si el MEF coloca estas cifras en la discusión pública, debe acompañarlas de: desagregación, fuente, instrumentos utilizados, condiciones, impactos y resultados. La transparencia es obligatoria. Además, la comunicación oficial debe ser responsable: titulares y anuncios sin precisión técnica generan ruido, afectan expectativas y pueden deteriorar condiciones financieras de la empresa. -
“Decreto de Urgencia evaluado en Consejo de Ministros… medidas extraordinarias”
El STAPP recuerda que el Decreto de Urgencia es una herramienta excepcional y no puede convertirse en un mecanismo para dirigir una sociedad anónima como si fuera una dependencia administrativa. Si se invoca urgencia, corresponde acreditar la extraordinariedad e imprevisibilidad y delimitar la intervención a lo constitucionalmente permitido, evitando invadir competencias societarias. -
“Reorganización interna para reducir costos y hacer más eficiente la estructura administrativa”
Mejorar eficiencia es necesario, pero debe hacerse con criterios técnicos, gestión por procesos y evaluación real de impacto. Reducir costos no puede significar desorden operativo ni afectación de capacidades críticas. El STAPP exige participación informada de los trabajadores y un enfoque que fortalezca productividad, controles y continuidad. -
“Proyectos en activos u otras modalidades que no impliquen necesariamente venta”
“Poner en valor” no puede ser sinónimo de comprometer activos estratégicos bajo fórmulas que trasladen riesgos al Estado y beneficios a terceros. El STAPP exige candados claros: límites, valorización independiente, transparencia, control estatal, reglas de integridad y supervisión. Cualquier modalidad debe explicitarse antes de aprobarse. -
“No hacer nada no es una opción”
Coincidimos: la inacción no es alternativa. Lo que corresponde es actuar bien: con legalidad, transparencia, gobernanza corporativa, sustento técnico y diálogo social. Atajos normativos pueden generar más incertidumbre, politizar la gestión y debilitar la credibilidad de la empresa.
Exigencias inmediatas del STAPP
En consecuencia, el STAPP solicita a las autoridades competentes:
-
Respetar la institucionalidad societaria y el marco constitucional aplicable a PETROPERÚ S.A.
-
Garantizar predictibilidad jurídica y delimitación expresa de competencias en cualquier medida.
-
Instalar de inmediato una mesa técnica de información y diálogo con participación de las organizaciones sindicales representativas.
-
Publicar el sustento técnico y legal (informes, objetivos, alcance, impactos y cronograma) que respalde el eventual D.U.
-
Incorporar salvaguardas laborales explícitas y mecanismos de cumplimiento verificables.
El STAPP reafirma su compromiso con la defensa de PETROPERÚ como empresa estratégica para el Perú. La sostenibilidad financiera, la continuidad operativa y la seguridad energética se construyen con responsabilidad pública, reglas claras y gobernanza, no mediante intervenciones que tensionen el orden constitucional. En momentos críticos, el país necesita soluciones firmes, transparentes y legales.
Junta Directiva – STAPP
Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú –
PETROPERÚ S.A.
