El aumento de la influencia estadounidense y una eventual flexibilización de sanciones reabren la posibilidad de una de las mayores reestructuraciones de deuda de las últimas décadas.
La reestructuración de la deuda externa de Venezuela podría reiniciarse este año, impulsada por un cambio en el entorno político y por una mayor influencia de Estados Unidos en el país. El pasivo total venezolano se estima en alrededor de 170.000 millones de dólares, en un proceso que, de concretarse, sería uno de los más complejos y voluminosos del mercado global emergente.
Según estimaciones de Oxford Economics, la deuda pública venezolana equivale a aproximadamente 193% del PIB proyectado para 2025. En tanto, el Fondo Monetario Internacional ubica los pasivos totales del país, incluyendo deuda interna y externa, en cerca de 197.000 millones de dólares, reflejando la magnitud del desafío financiero que enfrenta la nación sudamericana.
Bonistas se mueven ante un posible cambio de escenario
Un grupo de tenedores de bonos venezolanos evalúa contratar un asesor financiero para avanzar en una eventual reestructuración de las acreencias en títulos, cuyo monto se calcula en unos 60.000 millones de dólares, según fuentes citadas por Bloomberg Línea. El Comité de Acreedores de Venezuela comenzó a recibir propuestas de firmas especializadas como Houlihan Lokey y Ankura Consulting Group LLC, y podría definir una decisión en los próximos días.
El comité está integrado por grandes gestores de activos, entre ellos Fidelity Management & Research Company, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management. El grupo manifestó estar preparado para iniciar conversaciones formales de reestructuración una vez que obtenga la autorización correspondiente.
Reacción del mercado y señales políticas
Los precios de los bonos soberanos y de las petroleras estatales, en mora desde 2017, mostraron un repunte reciente ante el fortalecimiento de las expectativas de un proceso de renegociación. Los pagarés soberanos con vencimiento en 2027 subieron hasta alrededor de 41 centavos de dólar, desde niveles cercanos a 33 centavos previos al cambio político, según datos recopilados por Bloomberg.
En paralelo, la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su disposición a cooperar con la administración Trump en un plan orientado a aumentar la producción de petróleo y estabilizar la economía, un elemento clave para mejorar la capacidad de repago del país.
La política como factor decisivo
Pese al optimismo de algunos acreedores, el calendario de cualquier reestructuración depende en gran medida del frente político. Venezuela continúa bajo sanciones económicas de Estados Unidos que le impiden acceder a los mercados internacionales de capital, un requisito central para avanzar en una renegociación ordenada.
Además, el plan de Washington para impulsar la inversión petrolera fue recibido con cautela por ejecutivos del sector energético, conscientes de los riesgos regulatorios y políticos que aún persisten. Si se incluyen intereses vencidos sobre bonos, préstamos y otras obligaciones, la deuda total venezolana rondaría los 170.000 millones de dólares, lo que convertiría este proceso en una de las mayores reestructuraciones soberanas de las últimas décadas.
