El nuevo puerto ya moviliza millones, pero expertos advierten que sin una política industrial clara, Perú corre el riesgo de convertirse solo en una gran puerta de entrada para productos extranjeros.
El arranque operativo del Puerto de Chancay ha sido impactante: entre enero y mayo de 2025 movilizó US$777 millones en mercancías, superando ampliamente las expectativas logísticas para su primer semestre. Pero este mismo éxito logístico empieza a mostrar grietas estructurales. Las importaciones ya superan en más de US$180 millones a las exportaciones, y la mayoría de esos bienes no tienen valor agregado.
Esta descompensación comercial ha encendido las alarmas entre especialistas. Para Jesús Salazar Nishi, presidente del Instituto de Desarrollo Industrial y Estudios Estratégicos (IDIS), el gran problema no es el volumen de comercio, sino la ausencia de una estrategia nacional que vincule al puerto con la industria local. Chancay podría convertirse rápidamente en un centro de redistribución de productos chinos hacia Sudamérica, sin beneficiar realmente a la economía peruana si no se articulan cadenas productivas internas.
El riesgo no es menor: el Perú podría consolidarse como importador neto, perdiendo la oportunidad de generar empleo formal, innovación y desarrollo tecnológico a partir de este megaproyecto. Si no se implementan zonas francas, parques industriales o incentivos para transformar materia prima local, el boom portuario servirá más al crecimiento de Asia que al del país.
Actualmente, el país carece de una infraestructura logística complementaria (túneles, vías rápidas, centros de transformación), y tampoco cuenta con políticas activas que impulsen el escalamiento industrial en las regiones cercanas. La balanza, por ahora, se inclina hacia un consumo cada vez más importado y menos producción nacional.
El gran reto está planteado: ¿será Chancay el motor de una nueva industrialización o simplemente el escaparate de una economía subordinada? La respuesta dependerá de las decisiones que se tomen hoy, y del rol que el Estado esté dispuesto a jugar más allá del discurso.
