El viraje del Consejo Regional de La Libertad pone en jaque un ambicioso proyecto minero en Sartimbamba. La disputa llega ahora a los tribunales.
La Compañía Minera Poderosa ha llevado al Consejo Regional de La Libertad ante el Poder Judicial, alegando que una decisión del órgano legislativo regional ha frustrado un proyecto clave para su expansión en el distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión. La minera presentó una demanda de amparo ante el Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando la nulidad de un acuerdo que, según argumenta, fue aprobado de manera “express” y arbitraria.
El conflicto comenzó en noviembre de 2023, cuando el Consejo Regional aprobó el Acuerdo Regional N° 00170-2023-GRLL-CR, declarando de interés regional un proyecto que contemplaba depósitos de relaves, desmonte, plantas de filtrado y zonas de conservación. El plan contaba con informes técnicos y legales favorables. No obstante, el 19 de abril de 2024, el mismo Consejo anuló ese acuerdo mediante una nueva votación y emitió el Acuerdo Regional N° 000056-2024-GRLL-CR, dejando sin efecto el respaldo institucional previo.
Según Poderosa, este cambio de postura vulnera los principios de legalidad y debido procedimiento, además de impedirle continuar con los trámites administrativos necesarios para ejecutar el proyecto. La empresa sostiene que la decisión afecta gravemente su cronograma de inversiones y desarrollo en la región, frustrando una iniciativa que —afirman— buscaba dinamizar la economía local.
El juzgado admitió a trámite la demanda de amparo y deberá evaluar si procede declarar la nulidad del segundo acuerdo y restituir el primero. En paralelo, la presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza, justificó la derogatoria señalando que la información inicial no fue compartida con la población de Sartimbamba, la cual —según dice— sí tiene presencia agrícola y humana en la zona, a diferencia de lo que indicaban los informes gerenciales. “Nos debemos a la población, y por eso estamos defendiendo sus intereses”, afirmó.
La controversia deja en evidencia las tensiones entre el impulso a la inversión minera y las responsabilidades políticas de los gobiernos regionales frente a sus comunidades.
