El Ciadi ordena al Estado peruano pagar más de US$302 millones a Enagás por la cancelación del Gasoducto Sur Peruano.
Tras casi una década de disputa, Perú deberá pagar una compensación de más de US$302 millones a la compañía española Enagás por la cancelación unilateral del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Así lo ha determinado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, que revisó y rectificó su fallo original del pasado diciembre, elevando en más de US$100 millones el monto de la indemnización.
Este laudo cierra un nuevo capítulo en una de las controversias de inversión más relevantes de los últimos años en el país. Enagás, que formaba parte del consorcio que construía el gasoducto junto a Odebrecht y Graña y Montero, había solicitado al Ciadi rectificar el monto original —cercano a los US$200 millones—, considerando que su rol como inversor no debía ser castigado por los escándalos de corrupción que afectaban a sus socios. El proyecto, valorado en US$7.000 millones, fue rescindido por el Estado en 2017 tras revelarse los vínculos de Odebrecht con el caso de sobornos que sacudió a América Latina.
Según el hecho relevante enviado por Enagás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, la cifra incluye el principal, los intereses y las costas legales. “El impacto contable de esta decisión se incluirá en las cuentas del primer semestre de 2025”, indicó la firma. Además, reiteraron su disposición a alcanzar un acuerdo amistoso con las autoridades peruanas para ejecutar el laudo.
Cabe recordar que el tribunal arbitral también falló previamente a favor de Enagás en otro punto clave: su derecho a repatriar dividendos de filiales como Transportadora de Gas del Perú (TGP), algo que las autoridades peruanas habían impedido. El Gobierno de Perú aún no se ha pronunciado oficialmente sobre esta nueva resolución.
El caso plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Perú y podría influir en futuras decisiones de empresas internacionales al momento de evaluar riesgos regulatorios en el país. La cifra final, aunque inferior a los US$500 millones reclamados inicialmente por Enagás, marca un precedente relevante en el uso de mecanismos de arbitraje internacional en el contexto latinoamericano.
