El Gobierno respalda un ambicioso proyecto minero e hídrico en Piura, pero en el Valle de San Lorenzo aún pesan los recuerdos de una resistencia histórica.
El Gobierno peruano ha otorgado garantías estatales a la Compañía de Minas Buenaventura para desarrollar el Proyecto El Algarrobo, una iniciativa de infraestructura hídrica y explotación minera en Piura. Según el Decreto Supremo N.° 107-2025-EF, el Estado respalda el contrato de opción de transferencia de concesiones mineras vinculadas a este megaproyecto.
El Algarrobo contempla la exploración y beneficio de cobre, zinc y plata en el yacimiento TG-3, ubicado en la comunidad de Apóstol San Juan Bautista de Locuto. Además, incluye obras hídricas previas a cualquier actividad minera. La inversión total se estima en 2.753 millones de dólares, con una etapa inicial de 759 millones.
El proyecto fue propuesto en 2017 como “Proyecto Locuto” y rebautizado al año siguiente. En 2024, tras no recibir propuestas competidoras, la adjudicación directa fue otorgada a Buenaventura. El contrato recibió garantías bajo normas que promueven asociaciones público-privadas en minería.
Sin embargo, su ejecución ha encendido alertas en el Valle de San Lorenzo, donde la población teme que se repitan los conflictos del pasado. En 2002, Tambogrande rechazó abrumadoramente un proyecto similar. Hoy, más de 18.000 trabajadores agrícolas y organizaciones sociales cuestionan el impacto ambiental y social del nuevo emprendimiento, pese a las promesas de minería subterránea sin reasentamientos.
La ausencia de autoridades locales en la firma del contrato ha avivado críticas por la falta de transparencia. Aunque el Ejecutivo defiende la viabilidad del proyecto, el debate en la región está lejos de apagarse.
