Por Álvaro Melo, jefe de ciberseguridad ITQ latam
La evolución de la ciberseguridad en Chile en las últimas décadas se ha caracterizado por hitos significativos, desde la promulgación de la Política Nacional de Ciberseguridad en 2017 hasta la reciente Ley Marco de Ciberseguridad en 2024.
Estos eventos marcan un progreso continuo en el reconocimiento de la importancia de proteger los sistemas digitales del país. A través de la implementación de políticas y leyes específicas, Chile ha fortalecido sus defensas cibernéticas, promoviendo la colaboración entre el gobierno, el sector privado y otros actores claves. También, estableciendo un marco legal sólido para abordar las amenazas cibernéticas y proteger la información y la privacidad de los ciudadanos.
Esta evolución refleja un compromiso constante con la seguridad en línea y la adaptación a un entorno digital en constante cambio. Sobre todo, considerando que, además, en las últimas décadas, los ciberatacantes han experimentado una notable evolución en sus tácticas, técnicas y motivaciones.
En efecto, hoy, esos actores operan en redes criminales bien estructuradas y utilizan técnicas avanzadas de hacking, como ransomware y phishing, para obtener beneficios económicos a expensas de empresas y ciudadanos. Además, se ha observado un aumento en los ataques respaldados por estados-nación, donde los gobiernos utilizan recursos cibernéticos para espiar, sabotear o realizar operaciones encubiertas.
En ese contexto, la reciente promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad en Chile representa un paso significativo para contener y frenar este escenario. Al proporcionar un marco legal sólido para regular, fiscalizar y sancionar acciones relacionadas con la ciberseguridad, la ley fortalece las defensas digitales del país y disuade a los ciberdelincuentes al establecer consecuencias claras y disuasorias para sus acciones. Adicionalmente, al promover la colaboración entre el gobierno, el sector privado y otros actores relevantes, la ley permite una respuesta más coordinada y efectiva ante las amenazas cibernéticas, contribuyendo así a un entorno digital más seguro y resiliente.
Esta ley, sin duda, demuestra un compromiso sólido por parte del Gobierno y del Estado para abordar los desafíos cada vez mayores relacionados con la seguridad cibernética en la era digital.
La nueva ley no solo es un paso significativo para Chile, sino también marca un hito histórico al establecer reglas claras para proteger nuestros sistemas digitales. Esto significa que ahora hay normas para regular y sancionar acciones relacionadas con la ciberseguridad. Esta ley fortalece nuestra protección contra ciberataques, a la vez que promueve conciencia y educación en este ámbito. Además, abre puertas a la colaboración nacional e internacional en la lucha contra el cibercrimen y estimula la innovación tecnológica para hacer frente a las amenazas cibernéticas.
A su vez, tendrá un impacto en nuestra economía nacional que dará pie a la generación de oportunidades para las empresas en materia de protección de activos, impulsará la innovación y desarrollo tecnológico, permitirá reducir los costos asociados a ciberataques y fomentará la confianza y la inversión nacional e internacional.
En resumen, la ley crea un marco sólido para un Chile digital más seguro y resistente, que no se vulneren los derechos de las(os) chilenas(os) en materias de ciberseguridad.
