Los directivos de la empresa canadiense de tecnología de extracción de litio sostenible, Summit Nanotech, expresaron al Gobierno nacional sus deseos de desembarcar en la Argentina como proveedores de tecnología, innovación y estudios relacionados para los proyectos de litio.
A través de una reunión con la canciller Diana Mondino, la CEO de la compañía, Amanda Hall, se refirió al acuerdo estratégico recientemente suscripto con la compañía australiana Power Minerals para colaborar en el desarrollo de un proyecto minero en la provincia de Salta, centrado en el aceleramiento de la producción de litio en el Salar de Incahuasi.
Mondino remarcó la importancia que la actividad representa para el país, así como su relevancia en materia de transición energética, en particular en lo referido a la exploración y explotación de litio. A su vez, dio detalles sobre cambios normativos para favorecer las inversiones extranjeras en general y mineras en particular, que se desprenden del proyecto de ley titulado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
Asimismo detalló que la novedad que introduce la llamada ley ómnibus es que hidrocarburos y minería serán los únicos dos sectores que no sufrirán un aumento en los derechos de exportación, y mantendrán los que tienen actualmente. Para todo el resto de los productos se eleva a 15%, salvo excepciones. Es importante mencionar que eso establece el artículo 204 del proyecto: “Manténgase la vigencia de los derechos de exportación actualmente vigentes, para los hidrocarburos y la minería». Hoy el oro y la plata, con yacimientos operativos aunque en declino, tienen retenciones de un 8% y para el litio es de 4,5%.
Además les explicaron que en la ley también se propuso la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que serán afectados a actividades y serán de largo plazo, una necesidad que el sector minero planteó históricamente. Estas “Grandes Inversiones” deberán contar con un monto mínimo de inversión y estarán incluidas aquellas empresas que busquen invertir en infraestructura y de tecnología.
El plazo para adherir al RIGI es de 2 años a partir de la entrada en vigencia de las reformas, pero el Poder ejecutivo podrá prorrogar por única vez el plazo para acogerse al RIGI por un período de hasta 2 años.
Para concretar las inversiones se podrán utilizar Vehículos de Proyecto Único (VPU), una nueva forma de sociedad que sólo deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo un único proyecto de inversión admitido en RIGI. Los VPU incluyen sociedades anónimas, sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero, uniones transitorias y otros contratos asociativos o sucursales dedicadas.
