El Tribunal Constitucional revisará las demandas contra el decreto que modifica la estructura de la petrolera estatal, mientras sigue en debate un rescate financiero de hasta US$2.000 millones.
La reestructuración de Petroperú afrontará este martes 25 de agosto una jornada clave. El Tribunal Constitucional evaluará en audiencia pública las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto de Urgencia 010 2025, norma que plantea cambios en la organización y gestión de la empresa estatal.
El proceso ocurre mientras Petroperú enfrenta una compleja situación financiera y el Gobierno ha autorizado un rescate de hasta US$2.000 millones para garantizar la continuidad operativa de la compañía.
¿Qué cuestionan las demandas contra Petroperú?
Las acciones fueron presentadas por la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara, que cuestionan la constitucionalidad del proceso de reorganización establecido mediante el DU 010 2025.
Según la Defensoría, el decreto vulneraría el artículo 60 de la Constitución y no cumpliría con las condiciones de urgencia e imprevisibilidad necesarias para justificar su aprobación mediante un decreto de urgencia.
La norma fue promulgada el 31 de diciembre de 2025 durante el gobierno transitorio de José Jerí y plantea modificaciones en las principales unidades de negocio de Petroperú, incluyendo su transferencia a entidades como Proinversión, bajo un esquema orientado a la reorganización financiera y las concesiones.
La Defensoría ha cuestionado esta transformación al considerar que podría constituir una “privatización encubierta” y ha sostenido que Petroperú constituye un activo estratégico para la seguridad energética nacional.
Trabajadores y colegios profesionales también cuestionan la reforma
La reestructuración también ha generado oposición entre organizaciones vinculadas al sector energético y profesional.
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú, FENPETROL, presentó una demanda de amparo para detener la aplicación del decreto y cuestionar sus efectos sobre los trabajadores de la empresa.
El Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitió la demanda y programó una audiencia única para el 5 de octubre.
A esta posición se sumaron el Colegio de Abogados de Lima y el Colegio de Ingenieros del Perú, instituciones que han expresado cuestionamientos sobre la transferencia de activos y la forma en que se plantea la reorganización.
Los gremios sostienen que los cambios podrían afectar activos considerados estratégicos y advierten la ausencia de un plan técnico y social suficientemente desarrollado para garantizar una transición ordenada.
Rescate de US$2.000 millones queda bajo presión
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional también adquiere relevancia por la situación financiera de Petroperú.
En mayo de 2026, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia 003 2026, mediante el cual autorizó un respaldo financiero de hasta US$2.000 millones destinado a garantizar la continuidad operativa de la empresa estatal.
La aplicación de este apoyo está vinculada al proceso de reorganización planteado por el DU 010 2025. Por ello, el resultado de las acciones constitucionales podría tener implicancias sobre el camino que seguirá el rescate financiero.
La empresa enfrenta así dos frentes simultáneos: la necesidad de asegurar recursos para mantener sus operaciones y la incertidumbre jurídica sobre el modelo de reorganización que deberá aplicar.
¿Qué está en juego para Petroperú?
El proceso trasciende la situación financiera de la petrolera. Las entidades que cuestionan el decreto consideran que la decisión también tiene implicancias sobre la seguridad energética y el papel del Estado en el sector hidrocarburos.
Al mismo tiempo, la necesidad de reorganizar Petroperú está relacionada con los problemas financieros y operativos que la empresa viene enfrentando y con la necesidad de definir un esquema que permita garantizar su sostenibilidad.
La audiencia de este martes será, por ello, un punto clave para determinar si el proceso establecido mediante el DU 010 2025 puede continuar o deberá modificarse.
El caso también mantiene abierta una discusión de mayor alcance: cómo garantizar la continuidad de una empresa estatal estratégica sin comprometer su sostenibilidad financiera ni exceder los límites constitucionales del Poder Ejecutivo.
