Nuevos criterios obligan a las empresas a demostrar la realidad de sus operaciones. No cumplir con estos requisitos puede costarles el crédito fiscal, multas severas y más fiscalización.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha empezado a aplicar criterios más exigentes para la validación del crédito fiscal del IGV. A partir de ahora, contar con una factura ya no basta: las empresas deberán demostrar que las operaciones realmente se ejecutaron y que están vinculadas con actividades gravadas.
Sofía Chirinos, abogada de Editorial Economía y Finanzas, explicó que SUNAT está enviando esquelas de citación a empresas para verificar la realidad de las compras y servicios. La factura debe venir acompañada de documentación adicional que demuestre fehacientemente la entrega del bien o la prestación del servicio. Entre los documentos válidos están contratos, actas de conformidad, informes, guías de remisión, kardex, correos electrónicos, entre otros.
Además, los pagos deben realizarse mediante mecanismos verificables, como transferencias bancarias, cheques o vouchers. La carga de la prueba recae por completo en el contribuyente, quien debe sustentar el crédito fiscal en caso de fiscalización. De lo contrario, podría enfrentarse a multas que van del 0,3% al 0,6% de los ingresos netos, y perder el beneficio tributario.
Este endurecimiento ocurre en un contexto de mayor recaudación. En mayo de 2025, el Gobierno Central recaudó S/13.120 millones, un 11,5% más que el mismo mes del año anterior. En lo que va del año, el crecimiento acumulado alcanza el 13,9%. El IGV representó S/7.380 millones, mientras que el Impuesto a la Renta aportó S/5.535 millones, con un crecimiento impulsado por los pagos de Tercera Categoría y la regularización de tributos. También creció el Impuesto Selectivo al Consumo, sobre todo por mayores pagos en combustibles y juegos de azar.
Las nuevas exigencias de SUNAT apuntan a reducir la evasión fiscal y mejorar el control de operaciones ficticias, pero también elevan la carga administrativa para los contribuyentes. Las empresas deberán ser más rigurosas en su documentación y trazabilidad si quieren conservar sus beneficios tributarios.
