Aunque se ha registrado una leve mejora, la falta de empleo formal y los bajos ingresos mantienen a más de 20 millones de peruanos en situación económica precaria.
La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, aunque 386 mil personas salieron de la pobreza en el último año, el problema sigue siendo crítico, pues afecta a casi 9.4 millones de peruanos (27.6% de la población). Lejos de ser un avance sostenido, aún persisten desafíos en distintos ámbitos de la gestión pública, como en lo laboral e inclusión social, que impiden que millones de personas logren cubrir sus necesidades y puedan vivir con tranquilidad económica.
“El aumento en los ingresos ha sido mínimo y ha quedado absorbido por el mayor costo de vida, por lo que muchas familias no perciben una mejora real. La leve reducción de la pobreza en 2024 es más un efecto rebote tras el mal año económico de 2023. Es decir, las cifras mejoraron un poco porque partíamos de un nivel muy bajo, pero la situación sigue siendo peor que en 2022 y aún más grave que antes de la pandemia. Si seguimos avanzando tan lentamente, podrían pasar hasta 20 años para volver al nivel de pobreza de 2019, que era del 20%. Esto significa que unos tres millones de personas podrían continuar en situación de pobreza durante ese tiempo”, sostuvo César García, economista de REDES.
Además, existe una población aún más grande, aquella que vive en condición de vulnerabilidad económica: cerca de 11 millones de personas (31.8%) que, aunque hoy no son pobres, podrían llegar a serlo si atraviesan un evento lamentable como una enfermedad grave, la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio o una mala cosecha. De esta forma, sumando ambos grupos, hablamos de que 6 de cada 10 peruanos (20 millones de peruanos) está atrapado en la pobreza o en riesgo constante de entrar en ella.
Recordemos que la pobreza monetaria se calcula según lo que una familia puede gastar, no solo por lo que gana, sino por cuánto puede cubrir en alimentos, vivienda, transporte y otros gastos básicos. Hoy se estima que una familia necesitaría contar con al menos S/ 1,816 para su subsistencia. Si su capacidad de gasto está por debajo de ese monto, se considera que la familia se encuentra en condición de pobreza.
Uno de los factores que más obstaculiza ese progreso es el empleo, y en específico la falta de empleo formal. “Para impulsar la creación de empleos de calidad, es fundamental incentivar la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos con alto potencial en áreas rurales, como la agricultura y el turismo. Sin embargo, para que esto ocurra, se requiere estabilidad política, confianza empresarial y un marco normativo claro y predecible. Sin empleo formal y bien remunerado, es prácticamente imposible reducir la pobreza, particularmente en las ciudades donde la demanda de trabajos dignos es más urgente”, señaló el especialista.
Precisamente, el 98% de quienes viven en pobreza extrema trabajan en el sector informal. Este grupo, que incluye a alrededor de 1.8 millones de peruanos, no tienen las posibilidades de cubrir una canasta mínima de alimentos (S/ 1,024 para una familia). Además, son quienes más sufren por la falta de comida, problemas de salud y dificultades para acceder a buena educación. A ello se suma un acceso muy limitado a servicios esenciales: solo el 17.3% de personas en condición de pobreza extrema tiene agua segura, y menos del 20% cuenta con conexión a internet, reduciendo sus posibilidades de desarrollo y competitividad.
Cajamarca y Loreto, las regiones más afectadas
Aunque la pobreza afecta a todo el país, hay regiones donde las condiciones son mucho más críticas. Cajamarca sigue siendo la región con mayor incidencia de pobreza, alcanzando al 45% de su población. En lugar de mejorar, sus cifras han aumentado en el último año (+0.5%). Del mismo modo, Loreto también enfrenta una situación grave, con el 43% de su población en situación de pobreza.
En ese sentido, los ámbitos geográficos con mayor pobreza son la sierra rural y la selva rural, donde la pobreza alcanza el 42.5% y el 37%, respectivamente. La falta de empleo formal y servicios básicos limita las oportunidades, al igual que el acceso restringido a salud, la precaria infraestructura educativa y la baja presencia del Estado.
“La lucha contra la pobreza requiere el despliegue de distintas acciones. Es fundamental que el Estado implemente una estrategia integral que enfoque sus intervenciones en cerrar brechas específicas en cada región. Es prioritario concentrar esfuerzos en áreas con mayores desafíos estructurales, como Cajamarca, Loreto, Puno y Pasco, donde se requieren acciones focalizadas y efectivas. No se trata solo de aumentar la inversión, sino de hacerlo de manera estratégica, con un enfoque territorial y normas claras. La colaboración entre el Estado y el sector privado es clave para crear oportunidades sostenibles y promover un desarrollo verdaderamente inclusivo”, concluyó García.
