En conversación con la Revista Economía, Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, cuestiona la falta de fiscalización oportuna durante la construcción del nuevo aeropuerto y advierte que los consumidores siguen desinformados y desprotegidos ante incidentes.
El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres, analizó la situación del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, señalando con claridad los errores de fondo que explican la ola de reclamos tras su inauguración. Para el representante de ASPEC, la infraestructura presenta fallas que no fueron debidamente atendidas a tiempo por las autoridades correspondientes, y cuyo impacto hoy recae directamente sobre los usuarios.
“El aeropuerto es el resultado de una concesión mal supervisada”
ASPEC es una organización civil sin fines de lucro que, desde hace tres décadas, trabaja por la defensa de los derechos del consumidor. Bajo esa línea, Cáceres recuerda que el aeropuerto Jorge Chávez fue otorgado en concesión a Lima Airport Partners (LAP) hace más de 20 años. Sin embargo, critica que, durante todo ese tiempo, los entes responsables —el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el regulador OSITRAN— no hayan realizado un adecuado seguimiento técnico.
“El contrato de concesión facultaba a OSITRAN y al MTC a monitorear el avance de las obras. Entonces, ¿por qué esperar hasta que la obra esté terminada en 2025 para recién señalar las presuntas deficiencias?”, cuestiona Cáceres.
Aunque OSITRAN confirmó que el 99.5% de la obra estaba concluida antes de su apertura, los usuarios comenzaron a reportar problemas desde el primer día. Según Cáceres, esto revela una presión indebida por inaugurar el nuevo terminal, a pesar de las observaciones aún no resueltas.
Presiones empresariales, políticas y falta de negociación
Cáceres sostiene que hubo múltiples factores que empujaron a una inauguración anticipada: el interés de LAP en comenzar a recuperar su inversión millonaria, la necesidad del MTC de mostrar resultados y el deseo de ciertos actores políticos de obtener rédito en una obra emblemática.
“Se debió negociar una prórroga si la empresa enfrentaba penalidades por retrasos. Se priorizó inaugurar, antes que asegurar un servicio óptimo para el usuario”, enfatiza.
Además, advierte que no se sabe con certeza cuánta presión pudo haber recibido OSITRAN para levantar observaciones técnicas, lo cual debe ser investigado con transparencia.
“El mayor problema sigue siendo la desinformación al usuario”
Para ASPEC, el problema más grave que persiste en el Jorge Chávez es estructural: la falta de información clara para el pasajero. En casos de demoras, cancelaciones o deficiencias operativas, los usuarios no saben a quién dirigirse. El mostrador de la aerolínea suele ser el único punto de contacto, aunque la responsabilidad recaiga, en muchos casos, en LAP, Corpac o incluso en Migraciones.
“El aeropuerto es un ecosistema complejo. Pero esa no es excusa para que el pasajero no tenga canales de información o respuesta eficaces. Eso vulnera sus derechos”, señala.
Cáceres recuerda que ASPEC ya ha presentado denuncias, como la realizada a Corpac en 2023, tras un incidente con las luces de la pista que paralizó decenas de vuelos. Asimismo, se han iniciado procesos en Indecopi por otros casos recientes.
¿Qué puede hacer el consumidor?
Frente a una afectación, el usuario debe primero identificar al responsable del perjuicio (LAP, Corpac, aerolínea, etc.) y presentar su reclamo mediante el libro de reclamaciones, físico o virtual. El proveedor tiene un plazo de 15 días hábiles para responder.
Si la respuesta no es satisfactoria, se puede escalar el caso ante el Indecopi. Este organismo tiene facultades para imponer sanciones económicas y ordenar medidas correctivas a favor del consumidor afectado.
“Si una empresa no tiene habilitado su libro de reclamaciones, eso constituye una infracción grave. Desde ASPEC estamos listos para intervenir si no vemos acciones por parte de las autoridades”, advierte Cáceres.
La advertencia final
Cáceres es claro: mientras el aeropuerto siga operando sin canales efectivos de comunicación y respuesta, los usuarios seguirán siendo los más perjudicados. Y aunque la obra esté inaugurada, eso no significa que las responsabilidades hayan terminado.
“El aeropuerto debió ser entregado completo y funcional, no como un esqueleto operativo en constante ajuste. Lo que debió ser motivo de orgullo, hoy es una fuente de malestar y frustración para miles de personas”.
Entrevista completa en el siguiente enlace:
