Reforma del IGV costaría al menos S/ 2,500 millones cada año

La reciente reforma del IGV e IPM implicaría una pérdida fiscal de hasta S/ 10 mil millones anuales desde 2030, debilitando la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de creciente presión legislativa y menor capacidad de control fiscal. En ese contexto, el MEF acaba de anunciar que flexibilizará su meta fiscal de 2025. Sin embargo, sin un compromiso claro con el proceso de consolidación fiscal en el mediano plazo, se incrementa el riesgo de perder el grado de inversión y que el Perú se aleje de su objetivo de pertenecer a la OCDE.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) organizó el foro “¿Qué sistema tributario necesitamos? Balance, oportunidades y riesgos”, que reunió a destacados representantes del sector público y privado para debatir sobre los desafíos y perspectivas del sistema tributario en el Perú.

En este foro se discutió la reciente aprobación de la recomposición de las tasas del Impuesto general a las Ventas (IGV) de 16% a 14% y del Impuesto a Promoción Municipal (IPM) de 2% a 4%, en un periodo de cuatro años, afectaría seriamente la sostenibilidad de las finanzas públicas. Considerando las cifras del portal de Transparencia Pública del MEF, esta medida le costaría al gobierno nacional aproximadamente S/ 2.5 mil millones cada año desde 2026 y S/ 10 mil millones anuales una vez que se complete la recomposición. Así, a menos que se recorten otros gastos o se incrementen otros ingresos, financiar esta pérdida de presupuesto requerirá mayores impuestos o más endeudamiento, afectando a la ciudadanía.

Esta medida se da en un contexto de fuerte deterioro de la institucionalidad fiscal, producto de una mayor inestabilidad política, las continuas presiones de gasto por parte del Congreso y la debilidad del MEF para frenar estas iniciativas. Recientemente el Consejo Fiscal informó que desde 2023 se han aprobado 19 leyes que otorgan beneficios tributarios, además de identificar al menos 32 iniciativas legislativas que proponen crear, ampliar o prorrogar estos. Estas medidas afectan la generación de ingresos permanentes y deterioran la predictibilidad del sistema de recaudación.

Así, cada vez es más probable que se incumpla por tercer año consecutivo la meta fiscal. Frente a esto, el MEF acaba de anunciar que flexibilizará su meta de 2025. Sin embargo, sin un compromiso claro con el proceso de consolidación fiscal en el mediano plazo, se incrementa el riesgo de perder el grado de inversión y el Perú se aleja de su objetivo de pertenecer a la OCDE. En esto coincidieron Alonso Segura, Luis Miguel Castilla y David Tuesta, ex ministros de Economía y Finanzas, quienes participaron como panelistas del foro organizado por el IPE.

Sobre el evento «¿Qué sistema tributario necesitamos?”

Durante cerca de cuatro horas, 13 destacados actores públicos y privados abordaron los desafíos y oportunidades del sistema tributario.

El evento contó con una exposición inicial a cargo de Diego Macera, director del IPE, donde se abordan los desafíos del sistema tributario. Macera destacó que el país cuenta con una baja recaudación en comparación a los países de la región, lo cual responde a un entorno de alta informalidad, baja recaudación subnacional y diseño inadecuado de regímenes tributarios. Por tal motivo, señaló que, en un contexto en el que la consolidación fiscal está en riesgo, urge una mejora de la gestión del sistema tributario.

En un primer panel titulado “Estado situacional del debate de reformas al sistema tributario”, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto; Ilich López, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República; y Alex Córdova, Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano y presidente del Comité Tributario de la CONFIEP debatieron sobre las últimas reformas tributarias aplicadas, especialmente sobre la pertinencia de incrementar el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que financia el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). El panel fue moderado por Valeria Fuertes, editora de Economía de RPP Noticias.

En el panel «Un sistema tributario predecible», conducido por Whitney Miñán, editora de Economía de Gestión, se debatió la predictibilidad del sistema tributario peruano. En este, Alonso Segura David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad; Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal; y César Luna Victoria, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas coincidieron en que el sistema actual no es predecible, principalmente por las presiones políticas del Ejecutivo y del Legislativo. Además, resaltaron los riesgos de las medidas aprobadas por el Congreso sobre la consolidación fiscal y el impacto que estas tendría sobre el grado de inversión de no revertirlas.

Posteriormente, el panel “Ampliando la base” contó con la participación de Elmer Cuba, socio de Macroconsult; Walker Villanueva, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; y Edna Armendáriz, economista principal de la División de Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes comentaron sobre los desafíos para combatir la evasión y elusión tributaria, y la necesidad de racionalizar los incentivos tributarios, la mayoría de los cuales no tienen impactos significativos o son muy costosos. La moderación estuvo a cargo de Jaime Cordero, editor de Semana Económica.

A continuación, el panel “Fortaleciendo la institucionalidad” tuvo la moderación de María Rosa Villalobos, editora de Economía de El Comercio. Este contó con la participación de Tania Quispe, socia principal de +Value y exsuperintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria; y Monica Calijuri, especialista principal del sector en administración tributaria en la División de Gestión Fiscal del BID. La exsuperintendente mostró su preocupación por la pérdida de autonomía de la SUNAT, organización que solo en el último año ha tenido 3 superintendentes. Asimismo, comentó sobre los riesgos de incorporar a la SUNAT al régimen del servicio civil en la medida que ese régimen limitaría las capacitaciones a su personal, el nombramiento de supervisores de auditoría y los niveles remunerativos de personal clave en la institución. Todo ello afectaría principalmente al contribuyente y a la sociedad afirmó.

Finalmente, Erick Lahura, viceministro de Hacienda del MEF, expuso sobre la política tributaria de su institución. Además, rescató las capacidades técnicas de los funcionarios del MEF y advirtió sobre la influencia de la política en las decisiones sobre el sistema tributario.